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Líban

Líbano 2019

Ante las protestas y huelgas que estallaron en todo el país poco después de que el gobierno anunciara nuevas medidas fiscales, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes y no protegieron el derecho de protesta pacífica. Las fuerzas de seguridad continuaron usando la tortura y otros malos tratos, que decenas de personas denunciaron haber sufrido. Líbano acogía a 1,5 millones de personas refugiadas sirias, pero deportó a unas 2.500, incumpliendo su obligación de no devolución (non-refoulement). El país aplicaba medidas que obstaculizaban su acceso a servicios y a la ayuda humanitaria, por lo que muchas vivían en condiciones terribles. Se siguió privando de sus derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y a sus organizaciones. Las fuerzas de seguridad interrogaron a activistas cuya labor era pacífica, a periodistas y a otras personas por publicaciones en redes sociales que criticaban a autoridades políticas o religiosas. Las trabajadoras migrantes continuaron sufriendo prácticas discriminatorias en virtud del sistema de patrocinio laboral conocido como kafala. Se impusieron condenas a muerte; no hubo ejecuciones.

Información general

En enero se formó un nuevo gobierno tras nueve meses de bloqueo político. De los 30 miembros del gabinete, 4 eran mujeres, el mayor porcentaje de ministras hasta la fecha.

En septiembre, el primer ministro declaró el estado de emergencia económica. Los anuncios del gobierno sobre la adopción de medidas de austeridad desataron protestas. El 17 de octubre estallaron manifestaciones y huelgas en todo el país como reacción a los nuevos planes gubernamentales en materia de impuestos. El 29 de octubre dimitió el gobierno. Al final del año persistía la crisis de prestación de servicios básicos, como la recogida de basuras y el suministro de electricidad y agua.

El 19 de diciembre, el presidente nombró primer ministro a Hasán Diab, quien no había logrado formar gobierno al concluir el año.

Uso excesivo de la fuerza

En octubre, el ejército usó fuerza excesiva para disolver manifestaciones en las localidades de Bedaui y Abde, en el norte del país, y en la ciudad de Sidón, en el sur, disparando munición real, balas de goma y bombas de gas lacrimógeno y golpeando a manifestantes con las culatas de los fusiles. El 26 de octubre, al menos dos personas participantes en las manifestaciones fueron alcanzadas por disparos de soldados y resultaron heridas de gravedad en Bedaui.[1]

El 17 y 18 de octubre, la policía antidisturbios usó fuerza excesiva para disolver una manifestación mayoritariamente pacífica en el centro de la capital, Beirut. Los agentes dispararon gran cantidad de gas lacrimógeno contra la multitud, persiguieron a las personas que se manifestaban apuntándolas con sus armas y las golpearon.[2]

Durante octubre y noviembre, en varias ocasiones las fuerzas de seguridad no intervinieron de manera efectiva para proteger de ataques violentos de seguidores de partidos políticos a quienes se manifestaban en Beirut y en las ciudades de Baalbek, Nabatiya y Tiro.

Tortura y otros malos tratos

Todas las fuerzas de seguridad continuaron cometiendo tortura y otros malos tratos.[3] Decenas de personas que habían estado detenidas contaron a Amnistía Internacional y a otras organizaciones de derechos humanos que las habían golpeado con mangueras, cadenas metálicas y otros instrumentos, les habían aplicado descargas eléctricas en los genitales y las habían colgado en posturas forzadas durante largos periodos, entre otros métodos de tortura.

En mayo, Hassan al Dika murió bajo custodia, al parecer tras sufrir tortura. Su padre presentó tres denuncias, pero las autoridades judiciales no investigaron. El Ministerio del Interior abrió una investigación interna; según sus conclusiones, Hassan al Dika había muerto de una enfermedad que ya padecía antes de ser detenido.

En marzo, el gobierno nombró a los cinco miembros del Mecanismo Nacional de Prevención, organismo independiente adscrito al Instituto Nacional de Derechos Humanos y que se encargaba de investigar las denuncias de tortura y vigilar las condiciones de reclusión. Sin embargo, no dictó los decretos necesarios para activar el mecanismo y asignarle presupuesto.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Líbano continuó acogiendo a 1,5 millones de personas refugiadas sirias: 919.578 inscritas en el registro de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, y, según el gobierno, unas 550.000 no registradas. Seguía vigente la decisión de prohibir a ACNUR la inscripción de personas refugiadas recién llegadas de Siria, adoptada por el gobierno en 2015. El 31 de julio había 31.000 personas refugiadas palestinas procedentes de Siria inscritas en el registro de la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA).

En abril, el Consejo Superior de Defensa, organismo interministerial dirigido por el presidente, anunció que las personas refugiadas que hubieran entrado en el país “ilegalmente” después del 24 de abril serían deportadas, lo que constituía un incumplimiento de la obligación de no devolución (non-refoulement) de Líbano. De mayo a agosto, 2.447 personas refugiadas sirias fueron expulsadas a su país.

En septiembre, el presidente Aún dijo a la Asamblea General de la ONU que un total de más de 250.000 personas refugiadas sirias habían regresado de Líbano a Siria de forma espontánea o en grupos organizados.[4] Las autoridades venían llevando a cabo devoluciones de personas refugiadas sirias desde julio de 2018 en virtud de un acuerdo con el gobierno de Siria. Aunque las autoridades libanesas las presentaban como retornos “voluntarios”, sus políticas con respecto a la población refugiada siria hacían dudar de que en algunos casos no constituyeran “devoluciones tácitas”, prohibidas por el derecho internacional.

Las autoridades aplicaban medidas que obstaculizaban el acceso de las personas refugiadas sirias a los servicios y a la ayuda humanitaria, por lo que muchas vivían en condiciones terribles. ACNUR afirmó que alrededor del 73 % de ellas no tenían residencia legal y, en junio, reveló que las autoridades habían endurecido las restricciones impuestas a las personas menores de 15 años que intentaban regularizar su situación de residencia. El Consejo Superior de Defensa había anunciado en abril que comenzaría a demoler las “estructuras semipermanentes” levantadas por personas refugiadas sirias en campos informales de acogida a partir del 10 de junio, y así lo hizo poco después en varios lugares.

Líbano seguía acogiendo también a decenas de miles de personas refugiadas palestinas que llevaban largo tiempo en el país y continuaron sometidas a leyes discriminatorias que les impedían poseer o heredar bienes, acceder a los servicios públicos de educación y salud y ejercer al menos 36 profesiones. Como mínimo 3.000 personas refugiadas palestinas sin documento oficial de identidad sufrían restricciones adicionales que les negaban el derecho a registrar nacimientos, matrimonios y defunciones.

Derechos de las mujeres

En junio, el Parlamento aprobó una ley que eximía de la obligación de solicitar permiso de trabajo a los hijos e hijas de mujeres libanesas casadas con extranjeros, quienes tenían la tarjeta de residencia pero no la nacionalidad libanesa. Sin embargo, el presidente devolvió la ley al Parlamento para su ulterior revisión.

En septiembre, la comisión parlamentaria para asuntos de mujeres y menores de edad aprobó un proyecto de ley sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, pero el pleno del Parlamento no lo sometió a debate.

La legislación libanesa continuaba discriminando a las mujeres.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Siguió negándose la libertad de ejercer sus derechos a las personas y organizaciones LGBTI. El artículo 534 del Código Penal, que penalizaba “las relaciones sexuales contra natura”, y otras leyes que penalizaban el trabajo sexual y el consumo y tráfico de drogas se utilizaron para procesar a personas LGBTI.

En mayo, el Ministerio de Telecomunicaciones bloqueó el acceso a la aplicación Grindr, usada principalmente por gays y hombres trans.

Libertad de expresión

Las fuerzas de seguridad continuaron arrestando e interrogando a activistas de derechos humanos y a activistas políticos cuya labor era pacífica, así como a periodistas y a otras personas por publicaciones en redes sociales que criticaban a autoridades políticas o religiosas. El Observatorio Muhal para la Libertad de Expresión dijo que en 2019 habían sido citadas 78 personas para ser interrogadas sólo por expresar sus opiniones en Internet.

En julio, líderes religiosos pidieron a los organizadores de un festival que cancelaran la actuación de la banda Mashrou’ Leila, afirmando que sus canciones eran “ofensivas para los valores religiosos y humanitarios y las creencias cristianas”. A raíz de la declaración se desató una tormenta en las redes sociales, donde se acusó a la banda de propagar la perversión sexual, y en una manifestación se profirieron violentas amenazas contra la banda y sus fans. El Ministerio del Interior no anunció medidas de protección contra tal violencia, mientras que el poder judicial no investigó a quienes la habían instigado. Los organizadores del festival cancelaron la actuación de la banda y declararon que habían tenido que hacerlo “para impedir un derramamiento de sangre y mantener la seguridad y la estabilidad”.

Personas migrantes empleadas en el sector doméstico 

Las trabajadoras migrantes continuaron sometidas a leyes y prácticas discriminatorias en virtud del sistema de patrocinio laboral conocido como kafala, que restringía sus derechos a la libertad de circulación y de comunicación, la educación y la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Amnistía Internacional documentó los graves abusos contra los derechos humanos que sufrían muchas de las 250.000 personas migrantes que trabajaban en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, a manos de quienes las contrataban. Las condiciones de explotación laboral incluían largas jornadas de trabajo, privación de días de descanso, impago o deducciones del salario, privación de alimento y de alojamiento adecuado, insultos y agresiones, y negación de acceso a asistencia médica.[5]

En abril, el ministro de Trabajo formó un grupo de trabajo para estudiar la forma de desmantelar el sistema de kafala. El grupo de trabajo presentó un plan en mayo, pero ninguna de sus recomendaciones se había aplicado al término del año.

Justicia internacional

En septiembre, el Tribunal Especial para Líbano confirmó un acta de acusación formal dictada contra Salim Jamil Ayyash por cargos relacionados con ataques a los políticos Marwan Hamade, Georges Hawi y Elias Murr en 2004 y 2005. El juez dictó una orden de detención que debían ejecutar las autoridades libanesas y una orden de detención internacional.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.


>[1] Líbano: Debe investigarse el uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de fuego real, para dispersar protestas (noticia, 1 de noviembre)

[2] Lebanon: Authorities must immediately end the use of excessive force against peaceful protesters (noticia, 19 de octubre)

[3] Lebanon is failing torture survivors by delaying implementation of crucial reforms (noticia, 26 de junio)

[4] Lebanon: Why are returns of refugees from Lebanon to Syria premature? (MDE 18/0481/2019)

[5] ‘Their home is my prison’: Exploitation of migrant domestic workers in Qatar (MDE 18/0022/2019)

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