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Kazakhstan

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Kazakhstan

 

</head> <h1>Kazajistán</h1>

República de

Kazajistán

Jefe del Estado:

Nursultán Nazarbáyev

Jefe del gobierno:

Karim Masimov

Seguía sin

ponerse freno en general a la impunidad por torturas y otros malos

tratos, y aún no se había abierto ninguna investigación

independiente y exhaustiva sobre las denuncias de tortura tras la

represión de las protestas de Janaozen en 2011. Continuó la

restricción de la libertad de expresión, asociación y reunión

pacífica.

Información general

A comienzos de año

entraron en vigor nuevas disposiciones del Código Penal, el Código

de Procedimiento Penal y el Código de Infracciones Administrativas.

En abril se celebraron inesperadamente elecciones presidenciales

anticipadas, en las que el presidente Nazarbáyev fue reelegido para

un quinto mandato al obtener el 97,7 % de los votos. Los

observadores electorales de la Organización para la Seguridad y la

Cooperación en Europa informaron de que los comicios habían

carecido de una “oposición creíble”.

La caída de los

precios del petróleo causó una recesión económica y la moneda

nacional se devaluó en agosto.

Tortura y

otros malos tratos

El nuevo Código Penal

y el nuevo Código de Procedimiento Penal incluían reformas

positivas. Entre otros cambios, las denuncias de tortura debían ser

registradas automáticamente e investigadas como delitos por un

organismo diferente a aquel al que pertenecieran los funcionarios

acusados de abusos, evitando así la investigación interna previa

que había desembocado en la desestimación de la mayoría de las

denuncias. Además, se abolieron las normas sobre prescripción para

los casos de tortura, y las personas acusadas o condenadas por este

delito quedaron excluidas de posibles amnistías. La pena máxima

para la tortura se elevó a 12 años de prisión. Sin embargo, según

algunos abogados, las denuncias de tortura y otros malos tratos, a

pesar de que se registraban como delitos, seguían sin ser

investigadas debidamente. En mayo, Iskander Tugelbaev recibió una

paliza en prisión y estuvo tres días en coma, lo que, según su

abogado, lo dejó incapacitado para hablar y caminar sin ayuda. Al

final del año seguía sin saber si el caso iba a ser

enjuiciado.

Del 1 de enero al 30

de noviembre se registraron 119 denuncias de tortura y se cerraron

465 casos. Once casos llegaron a los tribunales y cinco hombres

fueron declarados culpables de tortura, aunque sólo uno fue

condenado a prisión. Estas cifras no reflejaban la verdadera

dimensión del problema, pues muchas víctimas no denunciaron por

miedo.

Aunque las comisiones

públicas de supervisión y el mecanismo nacional de prevención

tenían derecho a visitar las prisiones y la mayoría de los centros

de detención, su capacidad y sus recursos eran limitados, y

sufrieron restricciones burocráticas. El mecanismo nacional de

prevención sólo podía realizar visitas no anunciadas con la

autorización del defensor del Pueblo.

Libertad

de expresión

Los medios de

comunicación seguían actuando en un entorno restrictivo, en el que

se cerraron por la fuerza algunos medios o se les impidió funcionar

por motivos administrativos o porque se los acusaba de ser una

amenaza para la seguridad nacional. Los periodistas continuaron

siendo objeto de intimidación y hostigamiento. Los medios de

comunicación independientes tenían dificultades para obtener

ingresos por publicidad, pues las empresas temían represalias de

las autoridades si contrataban anuncios en estas

publicaciones.

En febrero se

desestimó un recurso contra el cierre del diario Adam

Bol, clausurado por motivos de seguridad nacional en diciembre

de 2014 tras publicar una entrevista con un miembro de la oposición

residente en Ucrania. Posteriormente, las autoridades de la ciudad

de Almaty trataron de cerrar Adam, la publicación que

sustituyó al diario, por motivos administrativos. En septiembre

entró en vigor una prohibición de tres meses basada en que

Adam había sido inscrita legalmente para publicar en ruso y

en kazajo pero sólo publicaba en ruso. En octubre, un tribunal

ordenó su cierre a petición de la Fiscalía General, sobre la base

de que seguía publicando ilegalmente contenidos en su página de

Facebook.

En virtud de las

enmiendas a la Ley de Comunicaciones aprobadas en 2014, la Fiscalía

General tenía facultades para obligar a los proveedores de Internet

a bloquear el acceso a contenidos en línea sin orden judicial si

dichos contenidos eran considerados “extremistas” y una amenaza

para la seguridad. Estas facultades se emplearon para bloquear el

acceso de forma intermitente o permanente a servicios de noticias

radicados en Kazajistán y a artículos concretos de sitios

internacionales de noticias.

El Código Penal

mantenía las sanciones penales por difamación y por delitos de

definición ambigua relativos a incitar a la “discordia”, social y

de otro tipo. Al menos cuatro personas se enfrentaron a una

investigación criminal por incitar a la discordia nacional en

relación con sus publicaciones en las redes sociales.

Se propuso la Ley de

Protección de la Infancia frente a la Información Perjudicial para

su Salud y Desarrollo, que incluía sanciones administrativas por

hacer “propaganda de orientaciones sexuales no tradicionales” entre

menores de edad.1 Aunque el Consejo Constitucional la

rechazó en mayo por razones técnicas, se esperaba que fuera

revisada y devuelta al Parlamento.

Libertad

de asociación

El Código Penal y el

Código de Infracciones Administrativas tipificaban como delito

participar o inducir a participar en una organización no inscrita

legalmente. Los “líderes” de asociaciones constituían una categoría

diferenciada de infractores para quienes se preveían penas más

duras; la definición de “líder” era muy amplia y podía incluir a

cualquier miembro activo de una ONG o de otra asociación cívica. En

la práctica se negó la inscripción legal de muchas ONG por

infracciones de carácter leve.

En diciembre se

promulgaron las reformas legales aprobadas por Parlamento en

octubre, que afectaban al acceso de las ONG a la financiación.

Dichas modificaciones preveían la creación de un “operador” central

para administrar y repartir todas las subvenciones estatales y no

estatales a las ONG —incluidos los fondos extranjeros— destinadas a

proyectos y actividades que cumplan una ambigua lista de requisitos

aprobada por el gobierno. No facilitar información precisa a la

base de datos centralizada del operador podía desembocar en la

imposición de multas o en la prohibición temporal de actividades. A

los activistas de la sociedad civil les preocupaba que esta nueva

ley limitaría el acceso de las ONG a la financiación extranjera y

restringiría sus actividades.

Libertad

de reunión

La libertad de

reunión pacífica seguía estando muy restringida. Había que obtener

permiso de las autoridades locales para realizar cualquier tipo de

protesta callejera, permiso que a menudo se denegaba o se concedía

para celebrar el acto en un lugar alejado del centro. Se

introdujeron penas de hasta 75 días de detención administrativa por

infracciones de las normas sobre la celebración de reuniones; la

“promoción” de una protesta, incluso a través de las redes

sociales, estaba penalizada en la práctica.

Las autoridades

emplearon la detención “preventiva” para impedir que se llevasen a

cabo protestas pacíficas. En enero, varios periodistas fueron

detenidos cuando se dirigían a una protesta de apoyo a

Adam Bol en Almaty y liberados poco después, tras ser

conducidos a comisarías de policía locales para que “estuvieran

informados de la ley”.

El relator especial

de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de

asociación, que visitó Kazajistán en enero y agosto, pidió a las

autoridades que permitieran una investigación internacional sobre

el uso de medios letales contra manifestantes en Janaozen en 2011,

y sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos de las

personas detenidas tras las protestas. También expresó preocupación

por la posibilidad de que la tipificación de la “incitación a la

discordia” como delito en el Código Penal se utilizara para

penalizar las actividades de partidos políticos y

sindicatos.

  1. Acción Urgente. Kazajistán: Debe retirarse la legislación contra la propaganda LGBTI (EUR 57/1298/2015)

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