Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Itàlia

Italia 2019

El gobierno continuó aplicando un programa contra la inmigración a través de leyes y políticas dirigidas a restringir el acceso a derechos e impedir el desembarco en Italia de personas rescatadas en el mar. Hubo numerosos intentos de poner trabas y criminalizar a las ONG que rescataban personas en el mar. También continuó la cooperación con las autoridades de Libia para contener a las personas refugiadas y migrantes en ese país, a pesar de que allí seguían cometiéndose graves violaciones de derechos humanos. Miles de romaníes seguían viviendo en campos segregados, en precarias condiciones de alojamiento y en peligro de sufrir desalojos forzosos.

Información general

En agosto, el viceprimer ministro y ministro del Interior, Matteo Salvini, presentó una moción de censura contra el primer ministro, Giuseppe Conte, que tuvo como consecuencia la caída del gobierno de coalición poco más de un año después de su formación. Conte volvió a ser nombrado primer ministro en septiembre, en esta ocasión para liderar un gobierno de coalición de centroizquierda. Su segundo gobierno presentó un nuevo programa del que se esperaba que adoptara políticas y discursos menos populistas y menos contrarios a la inmigración que el primero.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Las políticas y discursos del primer gobierno de Conte contra la inmigración continuaron afectando al disfrute de derechos por parte de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en el país y en sus fronteras.

Más de un año después de que el Decreto Ley 113/2018 aboliera el estatuto de protección humanitaria, se calculaba que 24.000 personas habían quedado privadas de reconocimiento legal, por lo que tenían restringido el acceso a asistencia médica, vivienda, servicios sociales, educación y empleo, y estaban expuestas a sufrir explotación y abusos. Otros efectos negativos de las nuevas disposiciones fueron: el deterioro de las oportunidades de integración para las personas solicitantes de asilo, que quedaban excluidas de la red de centros de acogida de las autoridades locales, y la reclusión prolongada en centros de repatriación, en condiciones gravemente deficientes y con oportunidades limitadas de comunicarse con familiares y abogados.[1]

En febrero, el Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por la protección ofrecida a las niñas y niños refugiados y migrantes y, en abril, el Comité contra la Desaparición Forzada puso de relieve sus motivos de preocupación sobre las condiciones imperantes en los centros de detención para migrantes.

Política de “puertos cerrados”

Italia continuó aplicando una política de “puertos cerrados” dirigida a impedir el desembarco en el país de personas rescatadas en el mar. Entre marzo y abril, el ministro del Interior emitió cuatro directivas contra las ONG de salvamento. En ellas se ordenaba a las autoridades de control de las fronteras marítimas impedir la entrada en aguas italianas de embarcaciones que llevaran a bordo a personas rescatadas a quienes se considerara una posible amenaza para la seguridad y el orden públicos, así como su desembarco en Italia.

En mayo, en una carta conjunta sobre las directivas, seis procedimientos especiales de la ONU expresaron su profunda preocupación, afirmando que constituían una criminalización de la sociedad civil por motivos políticos, fomentaban los sentimientos xenófobos y podían disuadir de llevar a cabo operaciones de salvamento en el mar; también pidieron a Italia que no aprobara legislación que consagrara la política de “puertos cerrados”. El gobierno y el Parlamento hicieron caso omiso, y en junio se dictó el Decreto Ley 53/2019, que se incorporó a la Ley 77/2019 en agosto. En virtud de esta ley, violar la prohibición de entrada conllevaba sanciones que abarcaban desde multas de entre 150.000 y un millón de euros al capitán o capitana y la entidad propietaria de la embarcación, hasta la incautación y confiscación de ésta.

A lo largo del año se dejaron barcos de salvamento de ONG abandonados a su suerte en el mar durante largos periodos, causando sufrimiento innecesario a las personas rescatadas que iban a bordo antes de permitir su desembarco en Italia. En varios casos se procedió a la incautación de la embarcación en el contexto de investigaciones penales o por supuestas razones de cumplimiento normativo. En junio, la capitana del Sea Watch 3 fue detenida cuando decidió ignorar la prohibición de entrada y condujo su barco hasta el puerto de Lampedusa. En julio, la jueza de instrucción la puso en libertad por considerar que había actuado en estado de necesidad y en cumplimiento de las obligaciones que le imponía el derecho internacional. Se había negado al Sea Watch 3 el derecho a desembarcar durante más de dos semanas tras el rescate de más de 50 personas.

Tras el cambio de gobierno de septiembre, Italia se sumó a los esfuerzos de un grupo de países europeos por acordar un mecanismo de desembarco “predecible” para no dejar abandonados a su suerte en el mar barcos de salvamento con personas rescatadas a bordo. Al final del año aún no se había acordado el mecanismo; no obstante, a partir de septiembre, las crisis de desembarco se resolvieron más deprisa y aumentaron los ofrecimientos de reubicación de otros países europeos.

En marzo, el Senado votó en contra de retirar la inmunidad parlamentaria al entonces ministro del Interior, bloqueando las actuaciones penales iniciadas contra él por secuestro como consecuencia del retraso del desembarco del Diciotti, buque de la guardia costera italiana, en agosto de 2018. En julio se abrió una investigación análoga contra el mismo ex ministro por retrasar el desembarco de otro buque de la guardia costera, el Gregoretti.

Cooperación con Libia para controlar la migración

Continuó la tendencia descendente del número de travesías irregulares iniciada en agosto de 2017, debido en gran medida a la cooperación con Libia para impedir las salidas. Al final del año, 11.471 personas habían llegado a Italia por mar de forma irregular. Se calculaba que 744 personas habían muerto o desaparecido en el mar en la ruta del Mediterráneo central, y que 9.225 habían sido interceptadas en el mar por las autoridades de Libia y devueltas a este país, donde la mayoría sufría detención arbitraria en condiciones inhumanas.

A pesar de la intensificación del conflicto y los abusos sistémicos contra las personas refugiadas y migrantes en Libia, las autoridades italianas continuaron prestando apoyo a las autoridades marítimas libias, con iniciativas como donar 10 lanchas nuevas en noviembre, según informes, y formar a tripulaciones libias. Además, Italia continuó asistiendo a las autoridades libias en la coordinación de las interceptaciones en el mar, incluso con medidas como seguir manteniendo un buque de la Armada italiana en Trípoli.

En marzo, los gobiernos de la UE acordaron reducir la operación naval conjunta “Sofia”, bajo el mando de Italia, retirando buques del Mediterráneo central y continuando la misión únicamente con vigilancia aérea, decisiva para informar a las autoridades libias de la posición de embarcaciones con personas refugiadas y migrantes a bordo.

En septiembre aparecieron indicios de que un oficial de la guardia costera libia —y presunto contrabandista— había viajado a Italia en mayo de 2017 como miembro de una delegación oficial libia para debatir asuntos de migración.

En noviembre, el memorándum de entendimiento entre Italia y Libia, que estipulaba los términos de la cooperación de ambos países en materia migratoria, se prorrogó automáticamente otros tres años, a contar desde febrero de 2020. El gobierno italiano se comprometió a cambiar los términos del acuerdo tras las presiones de miembros del Parlamento sobre sus consecuencias para los derechos humanos, pero al final del año no lo había hecho.

La cooperación con Libia fue objeto durante el año de varias actuaciones judiciales tanto a favor como en contra del gobierno. Mientras que un tribunal de primera instancia del Lacio resolvió que Italia no había infringido el derecho administrativo italiano al emplear fondos destinados a ayuda humanitaria para proveer de lanchas a Libia, un tribunal de Roma decidió que 14 personas solicitantes de asilo de Eritrea que habían sido objeto de devolución ilegal a Libia por la Armada italiana en 2009 tenían derecho a una reparación y a entrar en Italia para solicitar asilo.

También se presentaron dos denuncias ante organismos internacionales en relación con la cooperación con Libia.

En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos abrió la causa S. S. and others v. Italy, que estaba basada en una denuncia de supervivientes de una interceptación realizada por la guardia costera libia en 2017, según la cual la cooperación de Italia con Libia había sido decisiva en la interceptación y había incumplido las obligaciones de Italia en materia de derechos humanos.

En diciembre, un hombre de 20 años de Sudán del Sur presentó una denuncia contra Italia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Formaba parte de un grupo de 93 personas que habían sido rescatadas en el mar en 2018 por el buque mercante Nivin y desembarcadas luego en Libia, donde habían quedado expuestas a sufrir abusos. La denuncia impugnaba la legalidad de la práctica de las autoridades italianas de transferir la coordinación de las operaciones de salvamento a las autoridades libias.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Las autoridades continuaron violando de múltiples formas el derecho a una vivienda adecuada de la población romaní. Miles de romaníes seguían viviendo en campos segregados, en la mayoría de los casos en alojamientos precarios. El acceso a vivienda social seguía siendo desproporcionadamente reducido en el caso de las personas romaníes.

En mayo, una comunidad de alrededor de 450 personas —de las cuales unas 150 eran menores de edad, mujeres embarazadas y personas ancianas— quedaron sin hogar cuando las autoridades las desalojaron a la fuerza de su asentamiento en el municipio de Giugliano de Campania, cerca de Nápoles. No se les ofreció una vivienda alternativa ni un plan de alojamiento de emergencia.

En julio, el Comité Europeo de Derechos Sociales, al declarar admisible una denuncia presentada por Amnistía Internacional contra Italia por violaciones del derecho de la población romaní a una vivienda adecuada, solicitó además que Italia adoptara medidas inmediatas para eliminar el riesgo de causar daño grave e irreparable a las personas afectadas tras un desalojo.[2]

Tortura y otros malos tratos

Continuaron las denuncias de malos tratos bajo custodia.

En septiembre fueron investigados 15 funcionarios de prisiones por múltiples delitos, entre ellos tortura con agravantes, por agredir a un hombre recluido en la prisión de San Gimignano (Siena) en 2018. El juez instructor prohibió ejercer sus funciones a cuatro de ellos. Una semana después de conocerse la noticia de la investigación, el entonces ministro del Interior visitó la prisión y expresó apoyo aparentemente incondicional a los funcionarios acusados, socavando los intentos de la judicatura y la administración de prisiones de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos cometidas allí. La investigación seguía abierta al terminar el año.

Muertes bajo custodia

En noviembre, después de 10 años de batallas judiciales, dos agentes de policía fueron declarados culpables de homicidio involuntario por la muerte bajo custodia de Stefano Cucchi en 2009. Los agentes fueron condenados a 12 años de prisión por la paliza que había causado al final la muerte de Cucchi como consecuencia de las lesiones sufridas. Un tercer agente fue absuelto de homicidio involuntario, pero tanto él como un cuarto agente fueron condenados a prisión por falsedad en declaraciones.

Comercio de armas

En julio, tras una campaña de la sociedad civil para denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto de Yemen, el gobierno italiano suspendió toda venta y transferencia de misiles y bombas aéreas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.


[1] Italy: refugees and migrants' rights under attack. Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 34th session of the UPR Working Group, November 2019 (EUR 30/0237/2019)

[2] Italia: Importantes pasos del Comité del Consejo de Europa para proteger a las personas romaníes frente a desalojos forzosos (noticia, 5 de julio)

Itàlia

A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.