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Irlanda

Irlanda 2019

Entró en vigor la nueva ley irlandesa que ampliaba el acceso a los servicios de aborto, pero persistían algunas restricciones y se seguía criminalizando a profesionales de la salud en determinadas circunstancias. Aumentó la preocupación con respecto al sinhogarismo y el derecho a la vivienda. La legislación sobre financiación política tenía consecuencias en la libertad de expresión de los grupos de la sociedad civil.

Derechos sexuales y reproductivos

La Ley de Salud (Regulación de la Interrupción del Embarazo) de 2018, que ampliaba el acceso legal a los servicios de aborto, entró en vigor el 1 de enero. A partir de esa fecha se prestaron servicios de aborto gratuitamente en el sistema general de salud. Con anterioridad, la interrupción del embarazo sólo era legal si existía un “peligro real y considerable” para la vida de la persona embarazada.

Sin embargo, persistían importantes vacíos en la Ley, como la obligación de esperar tres días para acceder a los servicios previa solicitud, estrictos criterios para determinar la existencia de “daño grave” para la salud de la persona embarazada, falta de acceso en los casos de embarazo con anomalías graves —no mortales— del feto y continuación de la criminalización de profesionales de la salud por practicar abortos no contemplados en los supuestos legales.

Al final del año, sólo 10 de los 19 hospitales y unidades de maternidad disponibles ofrecían servicios completos de interrupción del embarazo, y preocupaba que la negativa de profesionales de la salud a practicar abortos por motivos de conciencia impidiera ampliar estos servicios en algunos de esos centros.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Cada vez se alzaron más voces para pedir que se ofreciera una alternativa al sistema de centros de acogida en régimen de “manutención directa” a las 6.082 personas solicitantes de asilo alojadas en ellos. Según concluía el informe del examen de una comisión parlamentaria publicado en diciembre, el sistema de “convivencia institucionalizada no respeta[ba] plenamente el derecho a la intimidad y a la dignidad humana de las personas alojadas en estos centros”. También en diciembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por las inadecuadas condiciones de vida en los centros de manutención directa y su importante repercusión en la salud mental y la vida familiar de las personas solicitantes de asilo. Asimismo, el Comité criticó las precarias condiciones de vida imperantes en los alojamientos de emergencia para personas solicitantes de asilo recién llegadas debido a los problemas de capacidad y a la falta de los servicios y el apoyo necesarios.

En marzo, en asociación con el ACNUR y grupos de la sociedad civil, el gobierno empezó a aplicar un programa de patrocinio comunitario que complementaba el sistema tradicional de reasentamiento centrado en el Estado. Presentado oficialmente en noviembre, el programa ofrecía a particulares y a organizaciones comunitarias la oportunidad de apoyar directamente la llegada e integración de familias refugiadas. Al final del año, 25 personas refugiadas se habían asentado en el país en virtud de este programa.

Derecho a la vivienda

Un número creciente de personas vivía sin hogar, en muchos casos debido a que la disponibilidad de viviendas particulares en alquiler a un precio asequible era cada vez menor. En septiembre, el número oficial de personas sin hogar era de 10.397 (entre ellas 3.873 niños y niñas), lo que significaba un aumento del 278% desde diciembre de 2014.

En julio, un examen del Programa de Alojamiento para Nómadas encargado por el gobierno concluyó que las personas nómadas sufrían de manera desproporcionada el sinhogarismo. Señaló que algunas autoridades locales seguían sin proporcionar suficiente alojamiento específico para ellas. Asimismo concluyó que el hecho de que las familias de rentas bajas dependieran cada vez más de viviendas particulares en alquiler para su alojamiento repercutía negativamente en las personas nómadas, debido a las trabas que encontraban para conseguir y mantener una vivienda en alquiler.

Trabajadoras y trabajadores sexuales

Siguió utilizándose contra las trabajadores y trabajadores sexuales el delito de “regentar prostíbulos”. En un caso denunciado, dos mujeres jóvenes migrantes, una de ellas embarazada, fueron condenadas a nueve meses de cárcel por este delito cuando la policía las encontró trabajando juntas en un apartamento.

Impunidad

El gobierno ofreció una disculpa pública a las personas que habían sufrido en su infancia abusos sexuales en la escuela antes de 1992. Un ex juez del Tribunal Superior que actuaba como asesor independiente había resuelto en julio que el Estado había malinterpretado la decisión adoptada en su contra por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2014, en la causa O’Keefe v Ireland, por proporcionar reparación a supervivientes sólo cuando existían denuncias anteriores de terceros contra sus agresores.

El quinto informe provisional de la comisión de investigación sobre los hogares maternoinfantiles dirigidos por órdenes religiosas entre 1922 y 1998, publicado en abril, concluía que en la inmensa mayoría de los casos de menores fallecidos en siete de estas instituciones se desconocía su lugar de enterramiento y no había registro de su inhumación. También confirmaba los informes publicados en medios de comunicación en 2014, según los cuales cientos de niños y niñas habían sido inhumados informalmente en cámaras subterráneas destinadas a alojar lodos y aguas residuales situadas en los terrenos de la institución religiosa de Tuam, en el condado de Galway.

Libertad de expresión

Persistía la preocupación por los efectos negativos que la Ley Electoral de

1997, que regulaba la financiación política, tenía en los grupos de la sociedad civil. La Ley, reformada en 2001, prohibía las donaciones desde el extranjero —o nacionales si eran superiores a 2.500 euros— a “terceros” para “fines políticos”, sin definir claramente cuáles eran esos fines.

Rendición de cuentas de las empresas

El proyecto de Ley de Control de la Actividad Económica (Territorios Ocupados) pasó de la cámara alta (Seanad) a la cámara baja (Dáil) del Parlamento, donde en enero superó la votación en segunda lectura, aunque después fue bloqueado por el gobierno. Este histórico proyecto de ley prohibiría el comercio de bienes y servicios con los asentamientos ilegales israelíes de los Territorios Palestinos Ocupados.[1]


[1] Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Destino: Ocupación. El turismo digital y los asentamientos ilegales de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados - Extracto (MDE 15/9490/2019)

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