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Honduras 2019

Las fuerzas de seguridad hondureñas reprimieron con brutalidad las manifestaciones que tuvieron lugar entre abril y junio. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo ataques, que incluían asesinatos y el uso indebido de procedimientos penales contra ellos. Esta situación agravó el temor por la progresiva reducción del espacio para la sociedad civil en el país. Los niveles persistentemente altos de criminalidad y violencia, impunidad, desigualdad y pobreza hicieron que miles de personas huyeran de Honduras, de forma individual o como parte de varias “caravanas” que buscaban refugio en Estados Unidos y México. No obstante, en septiembre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo, conocido también como acuerdo de “tercer país seguro”, lo que suscitó preocupación bien fundamentada respecto a la capacidad de Honduras de garantizar la protección de las personas obligadas a pedir asilo allí en lugar de en Estados Unidos.

Uso excesivo de la fuerza

Las autoridades hondureñas no garantizaron el derecho de reunión pacífica y libertad de expresión durante las manifestaciones que tuvieron lugar contra las reformas de los servicios públicos de salud y educación. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria y excesiva para reprimir las protestas y, el 20 de junio, el gobierno desplegó al ejército para controlar las manifestaciones. Al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas entre abril y junio. Las fuerzas de seguridad utilizaron armas de fuego o armas menos letales, como gas lacrimógeno o balas de goma, contra manifestantes. Entre las personas que perdieron la vida figuraban Erik Peralta, de 37 años, y Eblin Noel Corea Maradiaga, de 17, ambos muertos en junio por disparos de miembros del ejército hondureño. El 24 de junio, la policía militar también disparó contra estudiantes que se manifestaban en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.[1] Asimismo, se tuvo noticia de ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra periodistas que informaban sobre las protestas.

Estos casos, y las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la represión de las protestas poselectorales de 2017, seguían impunes.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes se dedicaban a cuestiones relacionadas con la tierra, el territorio y el medioambiente, seguían sufriendo niveles elevados de violencia, que incluía amenazas, intimidación y asesinatos, así como estigmatización y campañas de desprestigio en las redes sociales. Muchas de estas personas fueron objeto de procedimientos judiciales infundados concebidos para intimidarlas y hostigarlas, y para obstaculizar su labor de derechos humanos. Por ejemplo, algunos miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos enfrentaron un proceso penal ante tribunales que normalmente se ocupaban de casos relacionados con la delincuencia organizada.[2] La causa contra 12 de estas personas fue desestimada en febrero. Sin embargo, otros siete defensores de los derechos humanos fueron acusados en septiembre y estaban detenidos en espera de juicio. Tras pasar dos meses en una prisión de alta seguridad, en noviembre fueron trasladados al centro de detención de Olanchito, donde permanecían al terminar el año.

La mayoría de los ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos continuaban impunes. Hubo importantes retrasos e irregularidades que dificultaron la búsqueda de justicia por el asesinato de Berta Cáceres, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), cometido el 2 de marzo de 2016. El 2 de diciembre, un año después de que siete personas fueran declaradas culpables del asesinato de Berta Cáceres, un tribunal dictó finalmente penas de prisión contra ellas. Al terminar el año, David Castillo, un empresario que había sido detenido el 2 de marzo de 2018 como sospechoso de estar detrás del asesinato, seguía en espera de juicio, y no se habían registrado avances en la investigación de otras personas presuntamente responsables de planificar y ordenar la muerte de Berta Cáceres.


[1] Honduras: Ejercer el derecho a la protesta tiene un alto costo para quienes se atreven a tomar las calles (noticia, 5 de julio)

[2] Honduras: Autoridades deben garantizar debido proceso a personas defensoras (AMR 37/9929/2019)

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