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Grecia 2019

En junio, en lo que supuso una victoria histórica para los derechos de las mujeres, Grecia se convirtió en el noveno país de Europa que aprobaba una ley sobre la violación basada el consentimiento. Los “puntos críticos” de las islas del Egeo para personas refugiadas (centros de acogida e identificación de nuevas llegadas financiados por la UE) continuaban estando masificados y las condiciones de vida en ellos seguían siendo nefastas. En octubre se aprobó una nueva ley que ampliaba la detención por motivos de asilo y reducía las salvaguardias de los grupos vulnerables. Se observó un incremento notable de las denuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de la policía. Las medidas de austeridad adoptadas durante los 10 años anteriores siguieron repercutiendo gravemente en el acceso a los servicios de salud.

Información general

En julio ganó las elecciones parlamentarias el partido conservador Nueva Democracia. Los índices de desempleo de Grecia, tanto general como juvenil (16,6% y 33,1%, respectivamente, en octubre) seguían siendo los más altos de la Unión Europea, pese a haber descendido con respecto al año anterior.

Uso excesivo de la fuerza, y tortura y otros malos tratos

Persistieron las denuncias de uso excesivo de la fuerza y de tortura y otros malos tratos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Durante el último trimestre de 2019 aumentaron de manera notable las denuncias sobre incidentes de este tipo contra personas que eran detenidas o estaban bajo custodia, periodistas y estudiantes que protestaban por la revocación de una ley largo tiempo vigente que prohibía a la policía entrar en los campus universitarios. Según informes, en algunos casos los malos tratos incluyeron registros corporales sin ropa, practicados de manera arbitraria. Se temía que estos reiterados incidentes no fueran actos aislados, y también era motivo de gran preocupación la cultura generalizada de impunidad existente en torno a ellos.

Hubo continuos retrasos en las investigaciones penales y disciplinarias sobre la muerte en septiembre de 2018 del activista queer y defensor de los derechos humanos Zak Kostopoulos, víctima de una agresión. Tras la investigación penal inicial, seis personas —entre ellas, cuatro agentes de policía— fueron acusadas de lesiones graves con resultado de muerte, pero al concluir el año aún no había comenzado el juicio.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Llegadas por mar y por tierra y condiciones en las islas

A partir de julio, las llegadas por mar de personas refugiadas y solicitantes de asilo alcanzaron los índices más altos registrados desde 2016. Entre enero y octubre, la Organización Internacional para las Migraciones registró 66 muertes en la ruta del Mediterráneo oriental.

Desde 2018 y durante todo 2019, las llegadas por tierra a través de la frontera septentrional aumentaron también de manera considerable, acompañadas de denuncias constantes de devoluciones sumarias a Turquía por el río Evros. Pese a su elevado número, las autoridades negaron estas denuncias. Según informes, en diciembre murieron de hipotermia seis personas en esa ruta.

Al concluir el año, el número de llegadas por tierra y por mar era de 74.482.

El acuerdo de 2016 entre la UE y Turquía siguió conformando la política griega de contención de personas recién llegadas en los “puntos críticos” y los centros de las islas del Egeo, donde permanecían durante largos periodos en pésimas condiciones. A fecha de diciembre de 2019, las islas albergaban a más de 40.000 personas, de las cuales el 35% eran niños y niñas. La masificación de los puntos críticos era extrema en todo momento y, en concreto, las islas de Lesbos y Samos sobrepasaban 6 y 11 veces su capacidad, respectivamente, a finales de 2019. En los campos de acogida persistían las condiciones insalubres, la falta de atención médica adecuada y la violencia, incluida violencia de género. En octubre, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa pidió a Grecia que sacara urgentemente a personas de las islas y mejorara sus condiciones de vida.

Niños y niñas refugiados y migrantes

La situación de los niños y niñas refugiados y migrantes sufrió un profundo deterioro. En el campo de Moria murieron tres niños, y la ONG Médicos sin Fronteras advirtió de que muchos de los niños y niñas de los campos sufrían problemas mentales. Durante el nuevo curso, cientos de escolares residentes en puntos críticos se vieron privados de acceso a educación formal. Tras haberse presentado una reclamación colectiva al amparo de la Carta Social Europea, el Comité Europeo de Derechos Sociales pidió en mayo medidas inmediatas del gobierno, incluidos “refugios adecuados a su edad” para los menores no acompañados de los centros de acogida e identificación y de internamiento previo a la expulsión.

A fecha de 31 de diciembre de 2019, había 195 menores no acompañados privados de libertad por hallarse sometidos a “custodia protectora” en comisarías de policía y centros de detención de toda Grecia. En varios casos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares y ordenó a Grecia sacar de los centros de detención a menores no acompañados que habían presentado denuncias ante él y trasladarlos a alojamientos adecuados. En febrero, en la causa H. A. and others v. Greece, el Tribunal resolvió que la “custodia protectora” de menores prolongada y en condiciones inadecuadas constituía trato degradante según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y violaba los derechos de los denunciantes a la libertad y la seguridad.

Nuevas políticas de migración y asilo

A partir de julio, el nuevo gobierno empezó a aplicar una política de migración más punitiva, prometiendo reducir el número de llegadas, incrementar el número de devoluciones a Turquía y reforzar las medidas de control de fronteras. En septiembre se había formulado el compromiso de trasladar a más personas de las islas al continente y se habían establecido dos “centros de tránsito”, uno en Corinto y otro en Karavomylos. Sin embargo, la capacidad y condiciones de los centros de Grecia continental siguieron sin ser satisfactorias. Además, los traslados al continente no se produjeron a un ritmo suficiente como para reducir realmente la masificación en las islas.

En octubre, un nuevo proyecto de Ley de Asilo (Ley 4636/2019) introdujo cambios de envergadura con respecto a los procedimientos de asilo, a los derechos y obligaciones de las personas solicitantes de asilo y a su reclusión, entre otros aspectos. Antes de aprobar la ley, no se consultó de manera significativa a la sociedad civil, y las ONG consideraron que el texto legal era un intento de rebajar las normas de protección y crear obstáculos innecesarios de forma y fondo para quienes buscaban protección internacional. Entre los principales motivos de preocupación en torno a la ley figuraban la ampliación de la detención por motivos de asilo, la revocación de salvaguardas para grupos de especial vulnerabilidad y la creación de una lista de “terceros países seguros”. Tras su aprobación, el gobierno anunció la creación de centros cerrados en toda Grecia, con controles de entrada y salida.

Acceso a la salud y la vivienda

En agosto, el gobierno empezó a desalojar viviendas ocupadas en Atenas. La medida afectó sobre todo a familias refugiadas, desalojadas sin consulta previa significativa ni notificación adecuada y sin que se les proporcionara un alojamiento alternativo apropiado.

En febrero y marzo, las autoridades anunciaron la interrupción gradual de las ayudas para vivienda y económicas destinadas a las personas refugiadas que vivían en campos y en alojamientos facilitados por el programa ESTIA, gestionado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Al no facilitarles alternativas adecuadas de ayuda ni de integración, se dejaba a muchas en una situación de incertidumbre y, en algunos casos, de miseria.

La reforma del sistema de seguridad social efectuada en julio negó a miles de solicitantes de asilo recién llegados acceso a atención gratuita en el sistema público de salud. El Ministerio de Trabajo paralizó sin alternativas viables el procedimiento que permitía a las personas solicitantes de asilo obtener el número de la seguridad social (AMKA), indispensable para acceder a la atención de la salud. Al concluir el año, aún no se había aplicado una disposición de la nueva legislación sobre asilo que preveía la alternativa de concederles un número provisional de la seguridad social.

Criminalización de la solidaridad

La nueva Ley de Asilo exigía a las ONG que trabajaban con la población refugiada obtener un certificado para poder acceder a los centros de acogida y detención. Se temía que esto diera lugar a injerencias indebidas en su trabajo y socavara el derecho de las personas solicitantes de asilo a recibir información.

Se siguieron presentando cargos contra personas por su trabajo humanitario con la población refugiada. Seguía pendiente de resolución el proceso penal contra Sarah Mardini y Séan Binder, trabajadores de salvamento a quienes se acusaba, entre otras cosas, de haber facilitado la entrada irregular de migrantes en Grecia. Había serias dudas sobre el fundamento de estos cargos.

Violencia contra mujeres y niñas

En junio, el Ministerio de Justicia propuso unas modificaciones de la definición jurídica de “violación” contenida en el Código Penal griego que eran incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos y obstaculizaban aún más el acceso de las víctimas a la justicia. Las fuertes reacciones que se produjeron y el intenso trabajo de incidencia de grupos de activistas hicieron que el Ministerio se apresurara a retirar la reforma propuesta, de manera que se penalizaran las relaciones sexuales sin consentimiento por considerarlas violación. El 5 de junio se logró una victoria histórica para los derechos de las mujeres al aprobar el Parlamento esta nueva disposición, con lo que Grecia se convirtió en el noveno país del Espacio Económico Europeo que aprobaba una ley sobre la violación basada en el consentimiento.

Discriminación

En noviembre, el Parlamento decidió no proseguir con la revisión de la disposición de la Constitución relativa a la discriminación. La disposición revisada habría ampliado los motivos prohibidos de discriminación para incluir también la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad y la pertenencia a minorías nacionales.

En abril, la Red de Documentación de la Violencia Racista presentó su informe anual correspondiente al año 2018, en el que documentaba 117 actos de violencia motivada por odio contra 130 víctimas. De ellos, 27 habían sido contra personas, lesbianas, gays, bisexuales transgénero o intersexuales (LGBTI).

En diciembre, la fiscal de un juicio contra 69 personas vinculadas al partido Amanecer Dorado propuso absolver a todas las que estaban acusadas de participación en una organización criminal. Pidió que se condenara a Giorgos Roupakias, simpatizante del partido, por el asesinato del cantante Pavlos Fyssas, ocurrido en 2013, pero propuso absolver a las que estaban acusadas de complicidad en el homicidio, alegando que no se podía demostrar su participación. Al concluir el año el tribunal no había decidido aún si aceptar o no esta propuesta. El equipo jurídico que representaba a la familia de Pavlos Fyssas manifestó su profunda preocupación por la propuesta, remitiéndose a numerosas pruebas presentadas durante el juicio que ponían de manifiesto la naturaleza organizada de los delitos cometidos por grupos vinculados al partido. El juicio había empezado en 2015, y la sentencia se esperaba para 2020.

Derecho a la salud

Las medidas de austeridad adoptadas durante los 10 años anteriores siguieron repercutiendo gravemente en el acceso a los servicios de salud. Las investigaciones de Amnistía Internacional indicaban que las medidas de austeridad seguían teniendo repercusiones en la facilidad de acceso y el coste de la atención de la salud en Grecia, 10 años después del principio de la crisis y de la aprobación de dichas medidas. Las personas entrevistadas hablaban de numerosas barreras que encontraban a la hora de acceder a la atención de la salud, como prolongados tiempos de espera y elevados costes. La crisis económica afectaba profundamente a la población griega, que sufría un enorme crecimiento del desempleo y de la pobreza. Aunque Grecia había salido en 2018 de los acuerdos de rescate, los efectos de la crisis continuaban. Según los datos disponibles, muchos de estos índices seguían en niveles peores que antes del comienzo de la crisis.

Objetores y objetoras de conciencia

A pesar de ciertas reformas jurídicas positivas con respecto a los objetores y objetoras de conciencia, siguieron violándose gravemente sus derechos, con detenciones, procesamientos, multas, juicios ante tribunales militares, castigos reiterados y penas de prisión condicionales.

En junio, el gobierno redujo la duración del servicio alternativo de 15 a 12 meses, de conformidad con las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos. El servicio militar duraba nueve meses en el ejército de tierra, que era donde se cumplía mayoritariamente. Asimismo, el gobierno limitó la duración de las tres categorías de servicio alternativo reducido hasta casi igualarla con la del servicio militar reducido.

Sin embargo, en octubre el nuevo gobierno reinstauró la duración punitiva y discriminatoria que tenía anteriormente el servicio alternativo.

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