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Filipinas 2019

Los homicidios a manos de la policía y de otras personas armadas no identificadas continuaron a un ritmo galopante mientras la violenta “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno alcanzaba su cuarto año. La Corte Penal Internacional (CPI) prosiguió con su investigación preliminar sobre posibles crímenes de derecho internacional cometidos en el país. El Congreso de Filipinas intentó de nuevo reinstaurar la pena de muerte. Los defensores y defensoras de los derechos humanos que mantenían una actitud crítica hacia el gobierno sufrieron un acoso y una difamación cada vez más intensos. El clima generalizado de impunidad favoreció el aumento de los homicidios de activistas a causa de sus opiniones políticas. En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que pedía a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos que en 2020 presentara un informe sobre la situación de los derechos humanos del país.

Ejecuciones extrajudiciales e impunidad

Prosiguieron los homicidios a manos de la policía y de otras personas armadas sin identificar en el marco de la campaña contra las drogas emprendida por el gobierno. En junio, el entonces jefe de la Policía Nacional de Filipinas admitió que desde que Duterte había asumido la presidencia, en julio de 2016, el número de personas muertas en operaciones policiales ascendía a más de 6.500, una cifra muy inferior a la que calculaban los grupos de derechos humanos. En los registros oficiales constaba también un número de más de otras 20.000 muertes durante el mismo periodo, clasificadas como homicidios en fase de investigación y en muchos casos presuntamente relacionadas con la policía.

La inmensa mayoría de las víctimas seguían perteneciendo a comunidades pobres y marginadas, y con frecuencia sus nombres figuraban en las infundadas “listas de control de drogas” que la policía continuaba utilizando en sus operaciones. La policía siguió alegando que las víctimas habían opuesto tal grado de resistencia que había sido necesario utilizar fuerza letal, si bien la versión de los testigos era que los homicidios se habían cometido a sangre fría. Para las familias fue imposible conseguir justicia por la muerte de sus seres queridos, dada la enorme cantidad de obstáculos con que se encontraban a la hora de denunciar a los responsables, incluido el temor a represalias. Dentro del país seguía sin haber una auténtica rendición de cuentas por estos homicidios.

En marzo se hizo efectiva la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma de la CPI. Sin embargo, la Corte mantuvo abierta la investigación preliminar en curso sobre posibles crímenes de derecho internacional.[1] En julio, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que pedía a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos que elaborara un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en el país.[2]

A principios de noviembre, la vicepresidenta, Leni Robredo —perteneciente a un partido de la oposición— aceptó la invitación del presidente Duterte a asumir la presidencia compartida del Comité Interinstitucional de Lucha contra las Drogas Ilícitas.[3] Su designación no duró más que 18 días: el presidente Duterte la destituyó cuando ella exigió transparencia y acceso a documentos e informes de los servicios de inteligencia sobre la campaña del gobierno contra las drogas.

Tras la ruptura total de las conversaciones de paz entre el gobierno y el Nuevo Ejército del Pueblo, se produjo una escalada de homicidios de activistas vinculados a la izquierda política; muchas de las víctimas habían sido tachadas de “rojas” o habían sido acusadas de comunistas.[4] Entre ellas figuraban cuatro activistas de organizaciones de izquierda, muertos en junio.[5]

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno continuó reprimiendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La senadora y presa de conciencia Leila de Lima —la más destacada crítica del presidente— continuaba en prisión desde febrero de 2017 por cargos que respondían a motivos políticos.[6] El senador Antonio Trillanes IV, también crítico con Duterte, seguía acusado de rebelión y secuestro, entre otros cargos. En septiembre, la Policía Nacional de Filipinas presentó una denuncia por sedición contra la vicepresidenta Robredo y 30 personas más —entre ellas De Lima, Trillanes y profesionales del derecho, sacerdotes y políticos— por su presunta participación en la elaboración de vídeos que vinculaban a la familia del presidente con el tráfico ilícito de drogas.[7]

En junio, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto de Ley de Protección de Defensores de los Derechos Humanos, concebido para proteger a los defensores y defensoras contra actos de intimidación y represalia, entre otros. El texto legal aún no había sido aprobado por el Senado y, además, había dudas sobre su efectividad futura, dado que la campaña de represión contra quienes defendían los derechos humanos o criticaban al gobierno continuó. Los grupos de derechos humanos siguieron mostrándose preocupados por la seguridad de quienes defendían el medioambiente y el derecho a la tierra.

Pena de muerte

Durante su discurso anual sobre el estado de la nación, el presidente Duterte pidió de nuevo al Congreso la reinstauración de la pena de muerte para delitos que incluían los relacionados con drogas. Se habían presentado más de 20 proyectos de ley sobre la pena capital, que continuaban pendientes ante la Cámara de Representantes o ante el Senado. El restablecimiento de la pena de muerte violaría las obligaciones contraídas por Filipinas en virtud del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por el que cada país se compromete a no reinstaurar nunca la pena capital.[8]

Derechos de la infancia

En enero, la Cámara de Representantes aprobó, en última lectura, un proyecto de ley para reducir de 15 a 12 años la edad mínima de responsabilidad penal para ciertos delitos graves, incluidos delitos relacionados con drogas. El proyecto no había sido aprobado aún por el Senado. Grupos de derechos humanos, entre otros, pidieron al gobierno la paralización de esta reforma legal, argumentando que rebajar la edad pondría en peligro la vida de los niños y niñas y no reduciría la delincuencia.[9]

Derecho a la salud

La campaña del gobierno contra las drogas siguió socavando el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Nuevas investigaciones de Amnistía Internacional pusieron de manifiesto que los programas gubernamentales de rehabilitación y tratamiento del consumo de drogas eran inadecuados; por su parte, hubo familias de personas afectadas que afirmaron que éstas no habían encontrado ningún programa a su disposición cuando buscaron atención médica. Asimismo, se siguió obligando a algunas personas a adherirse a determinadas iniciativas de tratamiento y rehabilitación, al tiempo que se les impedía acceder a servicios esenciales de salud y reducción del daño.[10]

Libertad de expresión

El presidente incrementó las amenazas contra periodistas que criticaban al gobierno. Había al menos 10 procesos judiciales abiertos por motivos políticos contra Maria Ressa, directora ejecutiva del sitio web de noticias Rappler, contra un ex reportero del sitio y contra el propio sitio, que informaba con detalle sobre los homicidios y demás violaciones de derechos humanos cometidos en la “guerra contra las drogas”.[11] Los sitios web de organizaciones de medios de comunicación alternativos sufrieron ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), que generaron falsas visitas a sus páginas y las volvieron inaccesibles. Al menos dos periodistas recibieron amenazas tras haber sido tachados de “rojos”.[12] Según las organizaciones de medios de comunicación, desde que Duterte asumió el poder, en 2016, habían muerto al menos 15 periodistas en ataques relacionados con su trabajo.

El 19 de diciembre, tras 10 años de juicio, un tribunal de Ciudad Quezón declaró culpables de asesinato a 28 personas por la masacre de Maguindanao (sur de Filipinas) de 2009, en la que murieron 58 personas, entre ellas 32 periodistas. Otras 55 personas fueron absueltas, y quedaban por detener unas 80 más, acusadas de participación en la masacre.[13]

Conflicto armado interno, seguridad y medidas antiterroristas

En marzo, el presidente Duterte declaró el “cese permanente” de las negociaciones de paz entre el gobierno y el Partido Comunista de Filipinas–Nuevo Ejército del Pueblo–Frente Democrático Nacional (CPP–NPA–NDF), afirmando que el diálogo era “inútil”. Sin embargo, en diciembre Duterte anunció de nuevo que su gobierno tenía la intención de reanudar las conversaciones de paz con los rebeldes comunistas.

En octubre, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las oficinas de tres organizaciones de Bacólod —vinculadas a activistas de izquierda— y detuvieron a más de 50 personas por presunta participación en actividades de entrenamiento con explosivos y armas de fuego. Las personas detenidas afirmaron que habían sido las propias fuerzas de seguridad quienes habían colocado en sus locales las armas que fueron confiscadas durante las redadas. Posteriormente, más de 40 quedaron en libertad tras haber depositado una fianza o haber sido absueltas por el tribunal, mientras que otras siete quedaron detenidas por cargos que no admitían libertad bajo fianza.

En Mindanao continuó en vigor la ley marcial, y los grupos de derechos humanos se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el control militar pudiera dar lugar a nuevos abusos. Sin embargo, al terminar el año, el presidente Duterte no trató de prorrogar la medida a través del Congreso, y puso así fin a dos años y medio de régimen marcial en la región.

Se presentaron ante el Congreso proyectos de ley para reformar la Ley de Seguridad Humana de 2007 (ley antiterrorista de Filipinas). Dichos proyectos proponían, entre otras medidas, una definición más amplia de “terrorismo” y el aumento del periodo de detención sin mandato judicial para personas sospechosas de terrorismo, lo que, según la Comisión de Derechos Humanos, podía violar varios derechos humanos, entre ellos la presunción de inocencia.

El Ministerio de Educación cerró 50 escuelas que atendían a niños y niñas lumad (indígenas), alegando que en ellas se enseñaba al alumnado a rebelarse contra el gobierno. Previamente, el presidente Duterte había amenazado con “bombardear” esas escuelas.

Derechos sexuales y reproductivos

El presidente aprobó un plan de aplicación del Programa Nacional de Población y Planificación Familiar, que tenía por objeto reducir los embarazos no deseados ni planificados por medio de la “paternidad responsable,” concepto que incluía el acceso a anticonceptivos. Sin embargo, más adelante, el máximo responsable de economía del gobierno se mostró preocupado por los escasos fondos asignados al programa en el presupuesto nacional de 2020.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El presidente Duterte se negó a tramitar como urgente el proyecto de Ley sobre Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género (SOGIE, por sus siglas en inglés), pese a la indignación que provocó el caso de una mujer transexual a la que no permitieron entrar en unos lavados de señoras y que fue detenida por haber intentado grabar el incidente con su teléfono móvil. En su lugar, el gobierno afirmó que impulsaría una ley más amplia que abarcara “todas las formas” de discriminación.

Derechos laborales

Trabajadores y trabajadoras de distintos sectores —transportes, alimentación, bebidas y manufactura— se declararon en huelga en varias ocasiones para protestar contra prácticas laborales injustas, tales como los bajos salarios, la contratación por periodos fijos y reducidos y la negativa de los empleadores a facilitar prestaciones obligatorias. Algunas protestas fueron disueltas violentamente por la policía, que efectuó detenciones, y una persona murió a manos de individuos no identificados.[14]


[1] Filipinas: La retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional debe impulsar la actuación de la ONU (artículo, 17 de marzo)

[2] Filipinas: Resolución de la ONU presiona a los artífices de la mortal “guerra contra las drogas” (noticia, 11 de julio)

[3] Philippines: Vice President’s new role must mark end of drug killings (artículo, 6 de noviembre)

[4] Philippines: Investigate killing of 14 in police operations (ASA 35/0156/2018, 2 de abril)

[5] Philippines: Stop “red-tagging”; investigate killings of activists (ASA 35/0587/2019, 24 de junio)

[6] Philippines: Outspoken Senator marks two years in arbitrary detention (artículo, 17 de marzo)

[7] Philippines: Drop malicious case against government critics (ASA 35/1049/2019, 13 de septiembre)

[8] Filipinas: El llamamiento del presidente a reactivar la pena de muerte sólo agravará el clima de impunidad (artículo, 22 de julio)

[9] Filipinas: La reducción de la edad de responsabilidad penal a 12 años pondrá “en peligro las vidas de niños y niñas” (artículo, 5 de febrero)

[10] They just kill: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ “war on drugs” (informe, 8 de julio)

[11] Filipinas: Acción Urgente: Periodista detenida dos veces en seis semanas (ASA 35/0137/2019, 1 de abril)

[12] Philippines: Protect “red-tagged” individuals (ASA 35/0985/2019, 3 de septiembre)

[13] Philippines: Convictions for Ampatuan massacre a delayed but critical step for justice (artículo, 19 de diciembre)

[13] Filipinas: Acción Urgente: Agresiones a manifestantes pacíficos, uno asesinado (ASA 35/9711/2019, 21 de enero)

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