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Estados Unidos de América 2019

En 2019, el gobierno de Trump adoptó políticas y prácticas que constituían ataques discriminatorios contra los derechos humanos de algunas de las personas y comunidades más vulnerables de Estados Unidos. A nivel nacional e internacional, el gobierno estadounidense trató de reducir las protecciones de derechos humanos relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y la protección de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y otras personas frente a la discriminación. En la frontera entre Estados Unidos y México, vulnerando las leyes nacionales y el derecho internacional, las autoridades estadounidenses detuvieron, maltrataron y rechazaron a decenas de miles de solicitantes de asilo que pedían protección internacional. A consecuencia de ello, menores no acompañados, familias, integrantes del colectivo LGBTI y otras personas sufrieron abusos al quedar bloqueadas en el norte de México, así como en centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Trump utilizó indebidamente cada vez más el sistema de justicia penal para amenazar y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política, a denunciantes de irregularidades y a otras personas.

Información general

En septiembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos abrió una investigación para el proceso de destitución (impeachment) a fin de examinar los múltiples presuntos abusos de poder cometidos por el presidente Trump. En el periodo previo a las elecciones generales de 2020, el discurso político se volvió cada vez más partidista y virulento, y a menudo atacaba los derechos humanos de grupos vulnerables.

Mecanismos internacionales de derechos humanos

El gobierno de Estados Unidos se desvinculó en gran medida del sistema internacional de derechos humanos; por ejemplo, renunciando a su participación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y reduciendo su contribución económica a la ONU en su conjunto. Desde enero de 2018, Estados Unidos no había respondido a numerosas comunicaciones de expertos de la ONU ni había aceptado sus solicitudes de invitación para visitas oficiales. En una carta de julio de 2019 dirigida a Amnistía Internacional, el gobierno estadounidense señaló que a partir de ese momento participaría en los procedimientos de derechos humanos de la ONU sólo cuando “sirvieran a los objetivos de la política exterior de Estados Unidos”, y rechazó así cooperar con el examen de la situación de los derechos humanos en su país.

El gobierno estadounidense también se desligó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En julio, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de una Comisión sobre Derechos Inalienables que se reunió por primera vez en octubre. El gobierno estadounidense estableció dicha comisión con la intención declarada de reducir el apoyo de Estados Unidos a derechos humanos reconocidos internacionalmente. Era probable que sus esfuerzos dieran lugar a una redefinición unilateral de conceptos de derechos humanos, opuesta a las definiciones consagradas en el derecho internacional, que incluso privara a las mujeres, las personas LGBTI y otras personas de protección frente a la discriminación.

En abril, Estados Unidos también revocó el visado a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que investigaba posibles crímenes de guerra perpetrados por las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Afganistán. Este hecho tuvo lugar después de que el secretario de Estado y el asesor de Seguridad Nacional hubiesen formulado ese año y el anterior, respectivamente, la amenaza de que se enfrentarían a los funcionarios de la CPI anulando visados, incautando bienes o iniciando procesos penales si investigaban crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Desmantelamiento del reasentamiento de personas refugiadas

El reasentamiento de personas refugiadas en Estados Unidos cayó en picada tras la adopción por el gobierno de Trump de políticas dirigidas contra las personas refugiadas provenientes de países de mayoría musulmana y de países de Centroamérica, como la discriminatoria “prohibición de entrada a los musulmanes”, la aplicación de procedimientos reforzados de investigación de antecedentes y el recorte de la cifra de reasentamientos.[1] En septiembre, el gobierno anunció su intención de reducir la cifra anual de admisiones de refugiados para el año fiscal 2020 a 18.000, la más baja del programa en sus casi 40 años de historia. Estados Unidos no reasentó a ninguna persona refugiada en octubre de 2019, el primer mes del año fiscal 2020.

Externalización del procedimiento de concesión de asilo en la frontera sur

Estados Unidos siguió aplicando políticas de inmigración cada vez más draconianas para restringir drásticamente el acceso al procedimiento de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, causando un daño irreparable a miles de personas y familias. Dichas políticas incluían expulsiones ilegales masivas de decenas de miles de solicitantes de asilo en la frontera entre ambos países (constitutivas de devolución o refoulement), y las devoluciones forzadas a México de decenas de miles de solicitantes de asilo en aplicación de los denominados “Protocolos de Protección a Migrantes” (también conocidos como plan “Quédate en México”). En 2019, las autoridades obligaron a más de 59.000 solicitantes de asilo a regresar a México y permanecer allí durante el proceso de resolución de sus solicitudes, que podía tardar meses o años en concluir. Tales políticas exponían a las personas solicitantes de asilo al riesgo innecesario de sufrir violencia potencialmente letal y “devoluciones en cadena” por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, y vulneraban su derecho a solicitar asilo.[2]

Detención arbitraria y malos tratos a solicitantes de asilo

Las autoridades estadounidenses separaron a la fuerza a miles de familias solicitantes de asilo, e infligieron así deliberadamente un sufrimiento extremo que, en algunos casos, equivalía a tortura. En enero de 2019, un organismo gubernamental de supervisión confirmó las conclusiones de Amnistía Internacional según las cuales el gobierno había separado forzosamente a más miles de familias solicitantes de asilo de las que previamente había reconocido haber separado.

Las autoridades también detuvieron de forma arbitraria e indefinida a personas solicitantes de asilo como medio para disuadirlas de buscar protección u obligarlas a renunciar a sus peticiones de asilo, infligiéndoles así un trato o pena cruel, inhumano o degradante. Niñas y niños, mujeres, personas de edad avanzada, personas LGBTI y personas con discapacidad o con afecciones médicas de gravedad estaban especialmente expuestas a sufrir ese tipo de trato a consecuencia de la angustia de la detención arbitraria y la inadecuación de los centros de detención. Las personas solicitantes de asilo podían permanecer varios años bajo custodia, sin posibilidad de libertad condicional, ya que las peticiones para obtenerla eran objeto de negativas generalizadas por parte de las autoridades estadounidenses de inmigración.[3]

Detenciones prolongadas e indefinidas de menores solicitantes de asilo

Los niños y niñas recluidos en el centro de “afluencia temporal” de Homestead, Florida, permanecían detenidos durante periodos prolongados e indefinidos. En muchos casos se los mantenía recluidos en Homestead durante mucho más de los 20 días permitidos en Estados Unidos.[4]

En enero, tras la presión ejercida por congresistas, Amnistía Internacional y otras organizaciones, el gobierno cerró su único otro centro para menores no acompañados que carecía de autorización: el refugio de tiendas de Tornillo, en Texas. Al mismo tiempo, las autoridades doblaron la cantidad de niños y niñas recluidos en el centro de Homestead hasta superar los 2.000, y posteriormente, en agosto, los trasladaron a otros centros. En junio se estableció un nuevo “albergue de afluencia de emergencia” en Carrizo Springs (Texas) que podía albergar a hasta 1.300 menores migrantes no acompañados hasta que fuesen entregados a “padrinos”, que podían ser familiares adultos ya residentes en Estados Unidos.

Una nueva normativa promulgada por el gobierno el 23 de agosto podía dar lugar a la detención indefinida de niños y niñas y familias en aplicación de las leyes de inmigración.

Género, sexualidad e identidad

Derechos sexuales y reproductivos

El gobierno federal y varios gobiernos estatales intensificaron los esfuerzos para restringir los derechos sexuales y reproductivos tratando de penalizar el embarazo y el aborto y limitando el acceso a los servicios de salud reproductiva,[5] lo que amenazaba con incrementar la ya elevada tasa de mortalidad materna en el país.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres indígenas continuaban sufriendo niveles desproporcionadamente elevados de violación y violencia sexual. Un estudio reciente del Urban Indian Health Institute había documentado los casos de más de 500 mujeres y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas en 71 ciudades de Estados Unidos. Con todo, era probable que dicha cifra subestimase la magnitud del problema debido a deficiencias de los datos en esta materia tanto de los organismos encargados de hacer cumplir la ley como de los medios de comunicación.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Según datos oficiales, los casos de delitos de odio basados en la orientación sexual o la identidad de género aumentaron ligeramente por cuarto año consecutivo en 2018. Las mujeres transgénero de color eran especialmente objeto de delitos de odio violentos. Muchos estados no incluían la orientación sexual y la identidad de género en la legislación que establecía penas más elevadas para los delitos motivados por el odio.

No se disponía de mecanismos federales de protección contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género en la contratación y el empleo. A través de políticas y de los tribunales, el gobierno trató de desmantelar los mecanismos de protección contra la discriminación basada en la orientación sexual en la educación, el ejército, el empleo y otras áreas del gobierno federal.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El gobierno estadounidense llevó a cabo una campaña ilegítima y de motivación política basada en la intimidación, las amenazas, el hostigamiento y las investigaciones penales ejercidas contra decenas de personas que defendían los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos con México, vulnerando su derecho a no sufrir discriminación basada en las opiniones políticas o de otra índole. El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos hacían un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir y sancionar a quienes documentaban o combatían las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las autoridades estadounidenses contra migrantes y solicitantes de asilo.[6]

En julio, la fiscalía federal anunció que Scott Warren, profesor de geografía y voluntario de ayuda humanitaria de la ONG No Más Muertes, sería sometido a un nuevo juicio por dos cargos de “tráfico de personas” por prestar ayuda humanitaria en forma de comida, agua, ropa limpia y ropa de cama en la localidad de Ajo, su localidad de residencia, en el desierto de Arizona. El nuevo juicio seguía a un juicio anterior, celebrado en junio, en el que el jurado no se había puesto de acuerdo. De haber sido declarado culpable, Scott Warren podría haber sido condenado a hasta 10 años de cárcel.[7] En noviembre, un jurado declaró a Scott Warren “inocente” de los dos cargos. En otra causa separada, un juez concluyó que Scott Warren era inocente de varias faltas de las que se le acusaba por dejar agua y otras provisiones de ayuda humanitaria en el desierto para las personas migrantes.

Libertad de expresión

En septiembre, el presidente Trump trató de revelar la identidad de un denunciante de irregularidades de una agencia de inteligencia estadounidense tras una denuncia anónima de abuso de poder cometido por el presidente. Asimismo, sugirió que tales denunciantes de irregularidades eran “espías y traidores” y que deberían ser ejecutados.

En mayo, las autoridades estadounidenses, que continuaban ejerciendo presión para que se extraditara al fundador de Wikileaks Julian Assange desde el Reino Unido con el propósito de procesarlo penalmente, imputaron a Assange 17 nuevos delitos en aplicación de la Ley de Espionaje. Los cargos estaban relacionados con prácticas realizadas habitualmente en el periodismo de investigación, lo que podía generar un efecto inhibidor sobre el derecho a la libertad de expresión.

Seguridad y medidas antiterroristas

Un total de cuarenta personas permanecían recluidas de manera arbitraria e indefinida bajo custodia del ejército de Estados Unidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo (Cuba) en contravención del derecho internacional. Desde la transferencia de 18 personas en enero de 2017 a países dispuestos a aceptarlas, sólo se había transferido a una persona fuera del centro de detención. Cinco detenidos cuya transferencia desde Guantánamo había sido autorizada desde al menos 2016 permanecían recluidos al concluir 2019, y el gobierno de Trump eliminó el sistema establecido previamente para organizar su transferencia. Ninguno de los 40 hombres restantes tenía acceso a tratamiento médico adecuado, y a los que habían sobrevivido a las torturas infligidas por agentes estadounidenses no se les proporcionaban servicios de rehabilitación apropiados.

Juicios ante comisiones militares

Siete de los hombres recluidos en Guantánamo se enfrentaban a juicio ante una comisión militar. Juzgar a civiles ante tribunales militares contraviene el derecho y las normas internacionales. Asimismo, brindar menor protección judicial sobre la base de la nacionalidad (las comisiones militares no pueden juzgar a ciudadanos estadounidenses) vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Quienes hacían frente a un juicio ante comisiones militares podían ser condenados a muerte si eran declarados culpables. El uso de la pena capital en estos casos, en procedimientos que incumplen las normas internacionales sobre juicios justos, constituiría una privación arbitraria de la vida. Estaba previsto que el 11 de enero de 2021 comenzara el juicio de los acusados de delitos relacionados con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Víctimas civiles y homicidios potencialmente ilegítimos

En aplicación de su deficiente doctrina de “guerra global”, Estados Unidos había recurrido reiteradamente en países de todo el mundo a la fuerza letal, lo que incluía el uso de drones armados, incumpliendo sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, en algunos casos, del derecho internacional humanitario. ONG, expertos de la ONU y medios de comunicación documentaron el modo en que tales ataques dentro y fuera de zonas de conflicto armado activo privaban arbitrariamente a personas protegidas, entre ellas civiles, de su derecho a la vida y podían haber dado lugar a homicidios ilegítimos y lesiones, que en algunos casos constituían crímenes de guerra.

El debilitamiento por parte del gobierno estadounidense de los mecanismos de protección de la población civil durante operaciones letales incrementaba la probabilidad de homicidios ilegítimos, impedía la valoración de la legalidad de los ataques y evitaba la rendición de cuentas y el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas de homicidios ilegítimos y daños a civiles. Por ejemplo, pese a triplicar los bombardeos aéreos en Somalia en 2018, el gobierno estadounidense afirmó que no se había producido ninguna muerte o lesión de civiles. No reconoció haber causado ese tipo de víctimas hasta abril de 2019, a raíz de la publicación de un informe de Amnistía Internacional que presentaba pruebas irrefutables de dichos homicidios.[8] Pese a que expertos en derechos humanos de la ONU y otras personas pidieron aclaraciones sobre las normas jurídicas y de política y sobre los criterios que aplicaba Estados Unidos a la hora de emplear fuerza letal fuera de su territorio, el gobierno siguió sin ser transparente ni comunicativo.[9]

Tortura y otros malos tratos

Una década después de que decenas de detenidos fueran recluidos en un programa de detención secreta de la CIA —autorizado desde 2001 hasta 2009— durante el cual se cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y tortura, ningún sospechoso de responsabilidad penal había comparecido ante la justicia por tales crímenes, y las escasas investigaciones realizadas se habían cerrado sin que se hubieran presentado cargos contra nadie.

Violencia con armas de fuego

El hecho de que el gobierno siguiera sin proteger a las personas frente a la violencia con armas de fuego seguía negando a la gente sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida, a la seguridad de la persona y a no sufrir discriminación. Estados Unidos tenía los índices de posesión de armas de fuego más elevados del mundo tanto absolutos como per cápita. El acceso sin restricciones a armas de fuego y la ausencia de legislación integral sobre seguridad y armas y de regulación efectiva de la adquisición, posesión y uso de armas de fuego seguían perpetuando este tipo de violencia.

En 2017, año más reciente del que había datos disponibles, unas 39.773 personas murieron por heridas de bala, y otras 134.000 sufrieron heridas de bala y sobrevivieron. Estados Unidos carecía de programas especiales para cubrir las necesidades concretas de salud y rehabilitación de las personas sobrevivientes de disparos, que afrontaban numerosos retos a la hora de acceder a servicios de salud, en particular de salud mental y rehabilitación, tanto por su elevado coste como por la falta de disponibilidad, y tenían un acceso limitado a indemnizaciones.[10]

Los homicidios con armas de fuego seguían afectando de manera desproporcionada a las comunidades de color —en particular a los varones negros jóvenes—. Las personas afroamericanas, pese a constituir solamente el 13% de la población, constituían el 58,5% de todas las víctimas de homicidio con arma de fuego; los homicidios con arma de fuego seguían siendo la principal causa de muerte de niños y hombres negros de entre 15 y 34 años.

Uso excesivo de la fuerza

Casi 1.000 personas murieron por arma de fuego en 2018 a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y las estadísticas preliminares señalaban una cifra igualmente alta de homicidios de este tipo en 2019. Los escasos datos disponibles indicaban que las personas afroamericanas sufrían de forma desproporcionada el uso de medios letales por parte de la policía, y representaban el 23% de las víctimas mortales pese a constituir sólo el 13% de la población. El gobierno seguía sin registrar cuántas muertes de ese tipo tenían lugar cada año. La Ley de Denuncias de Muertes bajo Custodia, de 2014, que establecía la obligación de recopilar y difundir tales datos a nivel nacional, no se había aplicado plenamente.

Un examen realizado por Amnistía Internacional de las leyes estatales —allí donde las había— que regían el uso de medios letales por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley concluyó que ninguna de ellas se ajustaba al derecho y las normas internacionales sobre el uso de fuerza letal, que establecen que sólo se puede recurrir a los medios letales como último recurso frente a un peligro inminente de muerte o de lesión grave.

Pena de muerte

Aunque hubo estados que siguieron avanzando hacía la abolición, en 2019 el fiscal general de Estados Unidos programó cinco ejecuciones federales tras un paréntesis de 16 años.

Desde la reanudación de los homicidios judiciales en Estados Unidos en aplicación de los estatutos revisados en 1977, más de 1.500 personas habían sido ejecutadas; de ellas, más de 100 lo habían sido desde 2015. Los estudios demostraban que la raza, en particular la de la víctima del asesinato, era un factor importante a la hora de imponer la pena capital.

Al menos 156 personas presas habían sido liberadas del corredor de la muerte desde 1977 tras haberse demostrado su inocencia; más de la mitad pertenecían a minorías étnicas. En numerosos casos se había ejecutado a personas presas pese a la existencia de serias dudas sobre los procesos que habían desembocado en su declaración de culpabilidad, incluida la ausencia de asistencia letrada adecuada. Seguía imponiéndose la pena de muerte a personas con discapacidad mental e intelectual grave, en contravención del derecho internacional.


[1] Middle East: ‘The mountain is in front of us and the sea is behind us’. The impact of US policies on refugees in Lebanon and Jordan (MDE 02/0538/2019)

[2] Estados Unidos: “Tú no tienes ningún derecho aquí”. Expulsiones ilegales en frontera, detención arbitraria y malos tratos infligidos a solicitantes de asilo en Estados Unidos (AMR 51/9101/2018)

[3] Estados Unidos: El gobierno debe detener las expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en la frontera con México (noticia, 11 de abril)

[4] USA: No home for children. The Homestead “temporary emergency” facility (AMR 51/0714/2019)

[5] USA: Trump’s Global Gag Rule a Blow for Women’s Rights and Lives (noticia, 5 de enero)

[6] Estados Unidos: Salvar vidas no es un delito. Hostigamiento jurídico de motivación política, ejercido por Estados Unidos contra quienes defienden los derechos humanos de las personas migrantes (AMR 51/0583/2019)

[7] Estados Unidos: Programado para noviembre nuevo juicio contra el doctor Scott Warren (AMR 51/0688/2019)

[8] Somalia: The hidden US war in Somalia. Civilian casualties from airstrikes in Lower Shabelle (AFR 52/9952/2019)

[9] War in Raqqa: Rhetoric versus Reality (2019)

[10] Estados Unidos: Cicatrices de supervivencia. La violencia con armas de fuego y las trabas para obtener una reparación en Estados Unidos. Resumen ejecutivo (AMR 51/0566/2019)

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