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Emirats Àrabs Units

Emiratos Árabes Unidos 2019

Las autoridades, en particular la Agencia de Seguridad del Estado, sometieron a personas detenidas, algunas de ellas extranjeras, a reclusión arbitraria, tortura y desaparición forzada. También restringieron la libertad de expresión, encarcelando en condiciones terribles a personas críticas con el gobierno. Un acontecimiento positivo para los derechos de las mujeres fue que casi 200 mujeres se presentaron a la elecciones al Consejo Nacional Federal en octubre, más del doble que en los anteriores comicios. Con todo, las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. En materia derechos de las personas migrantes, las autoridades eliminaron el criterio de indicar el puesto de trabajo para el patrocinio, lo que permitía a un mayor número de trabajadores y trabajadoras migrantes patrocinar a familiares para que vivieran en Emiratos Árabes Unidos. No obstante, los trabajadores y trabajadoras migrantes continuaban estando ligados a las entidades empleadoras en virtud del sistema de kafala (patrocinio), que los dejaba en una posición de vulnerabilidad frente a los abusos y la explotación laborales. Emiratos Árabes Unidos continuó negando la nacionalidad a miles de personas nacidas dentro de sus fronteras. Aunque no se registraron ejecuciones, los tribunales seguían imponiendo condenas a muerte.

Información general

Emiratos Árabes Unidos siguió coliderando la coalición beligerante en el conflicto armado de Yemen, implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. Asimismo, desvió ilegalmente armas y equipo militar a milicias activas en Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

Emiratos Árabes Unidos respaldaba al autodenominado Ejército Nacional Libio, que cometía violaciones graves del derecho internacional en Libia. También le proporcionaba armas y utilizaba drones en su nombre, violando el embargo de armas de la ONU (véase el apartado sobre Libia).

Emiratos Árabes Unidos continuó formando parte, junto con Bahréin, Egipto y Arabia Saudí, de la coalición que imponía sanciones económicas y políticas a Qatar.

Detención arbitraria y tortura

Amnistía Internacional documentó varios casos de personas detenidas cuyos derechos no se respetaban. En la mayoría de ellos estaba implicada de la Agencia de Seguridad del Estado y la persona había sido detenida sin orden judicial, recluida en régimen de incomunicación durante semanas o meses y torturada o sometida a otros malos tratos. En algunos casos, permanecía recluida en condiciones degradantes.

En mayo, Alia Abdelnoor Mohamed Abdelnoor, que padecía cáncer en fase terminal, murió encadenada a la cama en un hospital de Al Ain, ciudad del emirato de Abu Dabi. Tras ser detenida por la Agencia de Seguridad del Estado en 2015, había sido recluida en régimen de aislamiento y sometida a desaparición forzada durante tres meses. En el momento de su muerte, cumplía una condena de 10 años que le había sido impuesta por cargos imprecisos e infundados de “terrorismo”, basados en “confesiones” forzadas.

Algunas de las personas sometidas a detención arbitraria y malos tratos eran extranjeras. El 15 de mayo fueron declarados culpables de cargos de terrorismo tras un juicio injusto tres libaneses que habían estado bajo custodia de la Agencia de Seguridad del Estado, sometidos a régimen de incomunicación durante largos periodos. Uno fue condenado a cadena perpetua, y los otros dos, a 10 años de prisión. El fiscal de la Seguridad del Estado los había acusado de actuar en nombre del partido y grupo armado libanés Hezbolá. Uno de ellos, Abdel Rahman Chouman, declaró ante el tribunal que había sido torturado para obligarlo a “confesar”.

El preso libanés Ahmad Ali Mekkaoui fue puesto en régimen de incomunicación en abril tras presentarse nuevos cargos contra él por “dañar la reputación de Emiratos Árabes Unidos”, a raíz de una entrevista de televisión en la que su hermana y su abogado libanés hablaron de su caso. Había sido detenido por la Agencia de Seguridad del Estado en 2014 y cumplía una pena de 15 años de prisión que le había sido impuesta tras ser declarado culpable de cargos de terrorismo en 2016. Durante su juicio, declaró que había sido sometido a tortura, incluida violación anal con una barra metálica. En 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención era arbitraria.

Persistía la preocupación por la libertad de circulación y el bienestar de Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del emir de Dubái. Había sido detenida en el mar por fuerzas de seguridad de India y Emiratos Árabes Unidos en 2018 y devuelta a su país. Posteriormente, sólo se la había visto una vez en un acto organizado para tomar fotografías.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron deteniendo arbitrariamente y procesando a disidentes pacíficos, acallando en la práctica las críticas al gobierno. Decenas de presos y presas de conciencia seguían recluidos en condiciones terribles.

El preso de conciencia y activista de derechos humanos Ahmed Mansoor permanecía recluido tras haber sido condenado en 2018 a 10 años de prisión por unos comentarios publicados en las redes sociales. Estuvo cuatro semanas en huelga de hambre en marzo para protestar por las condiciones de reclusión y por su condena, y de nuevo durante al menos 44 días en septiembre tras haber sido golpeado por sus protestas, según información recibida por el Centro de Derechos Humanos del Golfo de una fuente local.

Los presos de conciencia Nasser bin Ghaith, profesor universitario, y Mohammed al Roken, abogado de derechos humanos, continuaron encarcelados.

Las autoridades pusieron en libertad a Osama al Najjar más de dos años después de haber cumplido condena. En 2017, la Fiscalía había solicitado que se ampliara su detención con el pretexto de que seguía siendo una amenaza. Había sido encarcelado inicialmente por unos tuits dirigidos al ministro del Interior en los que expresaba preocupación por los malos tratos que sufría su padre en prisión.

Una investigación de Reuters puso al descubierto la implicación de Emiratos Árabes Unidos en el “Proyecto Cuervo”, iniciativa en la que, según informes, ex agentes de inteligencia de Estados Unidos ayudaban a Emiratos Árabes Unidos a mantener vigilados en todo el mundo a activistas de derechos humanos, entre otras personas, sin supervisión judicial.

Derechos de las mujeres

Un acontecimiento positivo fue que casi 200 mujeres se presentaron a la elecciones al Consejo Nacional Federal en octubre, más del doble que en los anteriores comicios. Previamente, el presidente Al Nahyan había dictado un decreto para pedir que la mitad del Consejo, que constaba de 40 miembros, fueran mujeres. Al final se eligió a 7 mujeres y se designó a 13.

Con todo, las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Por ejemplo, la Ley sobre la Condición Personal de 2005 establecía que entre “los derechos del esposo sobre su esposa” figuraba la “respetuosa obediencia [de ella]” (artículo 56), y ponía condiciones al derecho de las mujeres a trabajar o a abandonar el hogar (artículo 72). El artículo 356 del Código Penal penaba “el ultraje al honor con consentimiento” con un año de prisión como mínimo. En aplicación de esta ley, un hospital sueco del emirato de Ajman se vio obligado a denunciar a mujeres embarazadas solteras ante la policía. En algunos casos, estas denuncias habían dado lugar a procesamiento y deportación.

El gobierno no protegía debidamente a las mujeres de la violencia sexual ni de la violencia en el ámbito familiar. En virtud del artículo 356 del Código Penal, al “disciplinar a la esposa”, el esposo estaba “ejerciendo sus derechos”, lenguaje que se podía entender como una autorización oficial de los malos tratos conyugales.

Derechos de las personas migrantes

Los trabajadores y trabajadoras migrantes continuaban estando ligados a las entidades empleadoras en virtud del sistema de kafala (patrocinio), lo que los dejaba en una posición de vulnerabilidad frente a los abusos y la explotación laborales. Un acontecimiento positivo fue que las autoridades eliminaron el criterio de indicar el puesto de trabajo para el patrocinio, lo que permitía a un mayor número de residentes patrocinar a familiares para que pudieran vivir en Emiratos Árabes Unidos.

Emiratos Árabes Unidos mantuvo su política de ausencia de salario mínimo, lo que tenía consecuencias especialmente negativas para los trabajadores y trabajadoras migrantes, que conformaban más del 90% de la mano de obra del país. A diferencia de la ciudadanía emiratí, los trabajadores y trabajadoras migrantes no recibían ayudas a la vivienda, asistencia médica subvencionada ni otros servicios y, por consiguiente, dependían de su salario para acceder a servicios básicos. Los salarios de las personas migrantes eran normalmente bajos en relación con el coste de la vida en Emiratos Árabes Unidos, lo que ponía en peligro su derecho a condiciones de empleo justas y favorables y a un nivel de vida adecuado.

Eran habituales el retraso o el impago de salarios, lo que dejaba a cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes con bajos salarios en unas condiciones de vida precarias. La empresa de ingeniería Mercury MENA llevaba más de dos años sin pagar a gran parte de su personal, cuya situación seguía sin resolverse al concluir 2019.

Siguieron recibiéndose noticias de multas impuestas a trabajadores y trabajadoras migrantes por tener vencido el visado u otras infracciones de las leyes de inmigración. Como no podían pagar las multas, que a menudo eran demasiado elevadas, en muchos casos quedaban detenidos indefinidamente.

Apatridia

Emiratos Árabes Unidos continuó negando la nacionalidad al menos a 15.000 personas nacidas dentro de sus fronteras y sin ninguna otra nacionalidad. La negativa las convertía en la práctica en apátridas y las privaba de una serie de servicios públicos, como la educación y la atención de la salud gratuitas.

Pena de muerte

Aunque no se registraron ejecuciones, los tribunales seguían imponiendo condenas a muerte, principalmente a personas extranjeras acusadas de delitos violentos.

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