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El Salvador

El Salvador 2019

Los derechos de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno corrían peligro. El elevado grado de violencia siguió provocando desplazamiento interno y migración forzada. Continuaba vigente la prohibición total del aborto. Durante el año se denunciaron restricciones a la libertad de prensa y limitaciones en el acceso a información oficial. Las desapariciones forzadas seguían constituyendo un desafío, y al concluir el año la Asamblea Legislativa no había ratificado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Información general

Se celebraron elecciones presidenciales en febrero, y el nuevo presidente, Nayib Bukele, tomó posesión del cargo en junio.[1]

En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país 32 años después de su anterior visita in loco. Sus observaciones preliminares se centraron fundamentalmente en las cuestiones relativas a la seguridad pública, la justicia transicional, las personas privadas de libertad, la migración y el desplazamiento forzado, los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. [2]

Impunidad

Salvo en algunos casos excepcionales, no se reconocieron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional y violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado de El Salvador (de 1980 a 1992).

En mayo se debatió en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Algunos grupos de derechos humanos describieron el texto propuesto como una amenaza para el derecho de las víctimas a acceder a la justicia y como un mecanismo para perpetuar la impunidad.[3] Además, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a El Salvador que suspendiera el proceso legislativo del anteproyecto de ley, y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos advirtió de que el instrumento jurídico contenía una serie de disposiciones que podrían dar lugar a una amnistía de facto. También en mayo, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición concluyó su visita oficial al país y expresó preocupación por la lentitud de la Fiscalía General a la hora de actuar para investigar los crímenes de derecho internacional y las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, los obstáculos para acceder a los archivos militares de los años del conflicto y la insuficiencia del proceso de reparación y memoria histórica.

En septiembre, algunas organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que los programas del Estado para la reparación de las víctimas, creados en 2013, se habían suprimido debido a la reorganización institucional aplicada por el nuevo gobierno.

En diciembre, la Comisión Interamericana reiteró la necesidad de una nueva ley de reconciliación nacional —cuya aprobación estaba prevista en febrero del año siguiente— para que El Salvador cumpliera plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de justicia transicional, y también para que se tuvieran en cuenta las voces de las víctimas.

Policía y fuerzas de seguridad

En junio, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” expresó preocupación sobre la idoneidad de algunos de los nuevos altos cargos designados en la Policía Nacional Civil. Además, el Instituto denunció que durante los dos años anteriores había recibido información relativa a seis casos de abusos contra los derechos humanos— entre ellos posibles ejecuciones extrajudiciales y torturas— presuntamente perpetrados por miembros de las fuerzas policiales. También en junio, el gobierno lanzó el Plan Control Territorial, diseñado para abordar la delincuencia organizada. Pese a que el gobierno y los medios de comunicación informaron de un importante descenso de la tasa de homicidios, las ONG locales señalaron varios motivos de preocupación, entre ellos el uso de fuerzas militares en operaciones de seguridad pública, las condiciones de reclusión y la ausencia de información sustancial sobre el plan de seguridad del gobierno.

En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que, pese a la existencia de una sentencia anterior de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que establecía que el ejército no debía participar en labores de seguridad pública en El Salvador, el Plan Control Territorial continuaba implicando a dichas fuerzas en operaciones de seguridad pública. Por consiguiente, la Comisión Interamericana recomendó que El Salvador reforzara sus fuerzas policiales a fin de descargar gradualmente a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, la Comisión Interamericana recomendó a El Salvador que hiciera público el contenido del Plan Control Territorial, que difundiera ampliamente información sobre las políticas de seguridad pública y que incluyera espacios para la participación de la sociedad civil.

Derechos de las mujeres

El aborto seguía estando prohibido en todas las circunstancias y acarreaba sanciones penales para las mujeres. Esta prohibición afectaba de manera desproporcionada a las mujeres de entornos desfavorecidos. En agosto, Evelyn Beatriz Hernández Cruz, condenada a 30 años de cárcel por homicidio agravado tras sufrir complicaciones obstétricas, fue declarada inocente en un nuevo juicio. Sin embargo, la Fiscalía de El Salvador anunció que iba a recurrir su absolución.[4]

En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana el caso de Manuela, una mujer condenada por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo y que murió de cáncer en prisión mientras cumplía condena.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Durante el año, algunas ONG locales denunciaron la ausencia de un registro oficial de violaciones de derechos humanos cometidas contra defensores y defensoras de esos derechos, y denunciaron también que la Asamblea Legislativa no había aprobado los proyectos de la Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos y la Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras Relacionadas a la Información, ambos presentados ante la Asamblea en 2018. En agosto, el Foro para la Protección de Periodistas denunció restricciones a la libertad de prensa y limitaciones en el acceso a información oficial.

En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a las autoridades del Estado que evitaran estigmatizar y desacreditar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos y garantizaran que las declaraciones de las autoridades públicas fueran respetuosas con la labor de estas personas.

Personas migrantes, refugiadas e internamente desplazadas

Muchas de las personas que dejaban sus comunidades o el país huían de los efectos del control territorial ejercido por bandas delictivas y del impacto que éste tenía en su derecho a la vida, la integridad física y la libertad de circulación en muchas zonas del país. En ese contexto, en septiembre, los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron un Acuerdo de Cooperación de Asilo, también conocido como acuerdo de “tercer país seguro” que suscitaba la preocupación bien fundada de cómo un país con elevados índices de delincuencia y violencia iba a garantizar la protección de las personas que se vieran obligadas a pedir asilo o protección internacional en él.

Tras su visita in loco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó que las autoridades rechazaran medidas, políticas o acuerdos que designaran a El Salvador como tercer país seguro, y que adoptaran programas integrales y medidas específicas dirigidas a garantizar los derechos de las personas internamente desplazadas.


[1] El Salvador: Memorándum para el presidente. Recomendaciones iniciales de derechos humanos para el nuevo gobierno (24 de junio)

[2] El Salvador: Tras visita de la CIDH, gobierno debe realizar cambios profundos para garantizar derechos humanos (noticia, 5 de diciembre)

[3] El Salvador: Víctimas del conflicto armado no deben seguir esperando por verdad, justicia y reparación (noticia, 15 de mayo)

[4] El Salvador: La Fiscalía debe dejar de criminalizar a Evelyn Hernández (noticia, 6 de septiembre)

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