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Croàcia

Croacia 2019

Las personas refugiadas y migrantes estaban expuestas a ser devueltas sin el debido procedimiento y sometidas a abusos por la policía croata. La violencia de género en el ámbito familiar seguía castigándose con penas leves, y sólo en contadas ocasiones se aplicaban medidas de protección. Las mujeres se enfrentaban a numerosos obstáculos para acceder al aborto. Se amenazó y persiguió judicialmente a periodistas a causa de su trabajo.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Croacia no facilitaba a las personas refugiadas acceso efectivo a protección internacional, y se valía de devoluciones sumarias y expulsiones colectivas, acompañadas con frecuencia de violencia, para impedir que se quedaran en su territorio quienes entraban en él. Tanto las ONG como los medios de comunicación documentaron numerosos casos de personas refugiadas y migrantes que habían sido detenidas tras haberse internado considerablemente en territorio croata y habían pasado horas bajo custodia policial para ser devueltas a Bosnia y Herzegovina en grupos, sin posibilidad de solicitar asilo. Estas devoluciones se llevaron a cabo sin el debido proceso y lejos de los pasos fronterizos oficiales. Algunas personas denunciaron que la policía las había agrupado, gritado, golpeado con porras, desnudado y obligado a caminar descalzas, a veces por nieve profunda o ríos helados.[1]

Las autoridades siguieron negando la violencia. Sin embargo, en julio, la presidenta reconoció que las devoluciones sumarias, acompañadas de “cierta violencia”, eran necesarias para impedir las entradas irregulares.

En julio, el Tribunal Administrativo Federal de Suiza suspendió la devolución de un solicitante de asilo a Croacia por el peligro de que sufriera devolución sumaria y violencia por segunda vez; como consecuencia de la primera ocasión en que había sufrido ese trato padecía ya graves secuelas físicas y psicológicas.

Las autoridades tomaron medidas contra a dos ONG —Are You Syrious y el Centro de Estudios sobre la Paz—, que criticaban la actuación policial en la frontera. Se acusó a ambas de “ayudar a la migración ilegal” y se detuvo sin cargos a personal voluntario y activistas suyos. Al concluir el año seguía pendiente el recurso de apelación de un voluntario de Are You Syrious que había sido declarado culpable de “negligencia involuntaria” por haber ayudado a una familia afgana a cruzar la frontera.

Durante 2019, en Croacia se concedió protección internacional a menos de 150 solicitantes de asilo.

Violencia contra mujeres y niñas

Al concluir el año, Croacia seguía sin haber armonizado totalmente sus políticas y leyes sobre violencia de género con el Convenio de Estambul. En la gran mayoría de los casos, se seguía tratando la violencia de género en el ámbito familiar como delito leve, castigado con penas poco severas, y sólo en contadas ocasiones se aplicaban medidas de protección. Persistió la práctica de la doble detención, por la que algunas mujeres que denunciaban abusos eran detenidas como coautoras de los hechos, interrogadas en presencia de su maltratador y, en ocasiones, sancionadas por haber empleado lenguaje ofensivo o actuado en defensa propia.

Pese a las considerables mejoras realizadas, la Ley de Protección contra la Violencia de Género en el Ámbito Familiar siguió excluyendo a las víctimas que no compartían residencia con sus parejas, llevaban menos de tres años viviendo con ellas o no tenían descendencia suya, por lo que algunas mujeres se veían obligadas a entablar acciones penales privadas contra sus maltratadores. En seis regiones no había refugios para las víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar, y los centros y servicios de apoyo existentes en las demás carecían de fondos suficientes.

En la gran mayoría de las sentencias condenatorias por violación se imponían penas de prisión de un año o menos. La legislación penal seguía distinguiendo entre violación y “violencia sexual sin consentimiento”, delito menor castigado con penas más leves. En septiembre, el gobierno anunció reformas legales para alinear la definición de la violación con las normas internacionales y endurecer las penas por delitos de violencia de género.

Derecho a la salud

El acceso de las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos siguió estando muy limitado. Algunos profesionales médicos y, en algunos casos, los centros de salud continuaban negándose a practicar abortos por motivos de conciencia. En varias regiones no había servicios de aborto en ninguna clínica autorizada y las mujeres tenían a menudo que costearse el viaje a localidades cercanas. El sistema nacional de seguridad social no cubría la interrupción del embarazo, y en algunas clínicas autorizadas los costes eran prohibitivos. Todos estos factores combinados representaban obstáculos insuperables para las mujeres en situaciones socioeconómicas desfavorables, por lo que algunas se veían obligadas a recurrir a abortos clandestinos y poco seguros.

La Asamblea Nacional no había aprobado ninguna ley nueva sobre la interrupción del embarazo en el plazo establecido para ello en una sentencia del Tribunal Constitucional de 2017. Una comisión especializada establecida por el Ministerio de Salud recibió críticas generalizadas por incluir entre sus miembros a profesionales de la salud de tendencia conservadora y no contar, en cambio, con representantes de organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.

Crímenes de derecho internacional

Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de más de 1.500 de las 6.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado de 1991-1995. Las autoridades advirtieron de que los avances dependían, sobre todo, de lograr una mejor colaboración con las autoridades serbias, que no facilitaban la información necesaria para localizar tumbas individuales y fosas comunes.

En julio, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre Personas Desaparecidas, que otorgaba a las víctimas y a sus familias derecho especial a la verdad y la justicia.

Libertad de expresión

Persistieron las amenazas, intimidaciones y, en algunos casos, agresiones a periodistas que investigaban casos de corrupción, delincuencia organizada y crímenes de guerra. Las autoridades no condenaban estos ataques.

En septiembre, el periodista Gordan Duhaček permaneció 24 horas detenido de forma arbitraria a causa de un tuit satírico, por el que fue acusado de “desacreditar a las autoridades públicas”. Su detención fue criticada por la OSCE y por el Consejo de Europa.

Discriminación

La discriminación de las minorías étnicas, así como de las personas refugiadas y migrantes, seguía siendo generalizada. La población romaní continuó encontrando numerosas barreras a la hora de acceder a la educación, la salud, la vivienda y el empleo.


[1] Pushed to the Edge. Violence and Abuse against Refugees and Migrants along the Balkans Route (EUR 05/9964/2019)

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