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Bòsnia i Hercegovina

Bosnia y Herzegovina 2019

Las autoridades no facilitaron unas condiciones básicas de acogida y ayuda a los miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que se encontraban atrapadas en el país. Las minorías continuaron sufriendo discriminación y exclusión social generalizadas. Continuaban las amenazas y agresiones contra periodistas y contra la libertad de los medios de comunicación. El acceso de las víctimas civiles de la guerra a justicia y reparación seguía siendo limitado.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Bosnia y Herzegovina no facilitaba a las personas solicitantes de asilo acceso efectivo a protección internacional ni condiciones adecuadas de acogida.[1] Decenas de miles de personas transitaban por el país, la mayoría de ellas en busca de asilo en la Unión Europea. Al concluir 2019, las autoridades habían registrado casi 29.000 entradas irregulares.

Los numerosos obstáculos burocráticos a la inscripción en registro, la ausencia de asistencia letrada y de servicios de traducción adecuados, la falta de capacidad y la escasa ayuda económica destinada a potenciales solicitantes de asilo impedían el acceso efectivo a protección internacional. Al concluir el año, de las 28.000 personas que habían expresado su deseo de solicitar asilo, menos del 5% había conseguido hacerlo.

Las distintas autoridades públicas no ofrecían la cooperación necesaria para satisfacer las necesidades de las más de 8.000 personas refugiadas y migrantes que se encontraban atrapadas en el país, muchas de ellas devueltas desde la vecina Croacia sin el debido procedimiento. Unas 4.000 personas soportaban condiciones inadecuadas y masificadas en centros temporales de acogida gestionados por la Organización Internacional para las Migraciones. Sólo seguía habiendo centros de acogida en una de las dos entidades del país, la Federación de Bosnia y Herzegovina, sobre todo en el cantón de Una-Sana. Las autoridades de la otra entidad, la República Srpska, se negaron a establecer campos de acogida en su territorio.

En mayo, las autoridades locales trasladaron a la fuerza a unas 800 personas —en su mayoría hombres que viajaban solos— a un campo informal de Vučjak, instalado en un antiguo vertedero, en las inmediaciones de un campo de minas, sin acceso a agua potable ni saneamiento adecuado. El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes advirtió a las autoridades de que el lugar entrañaba graves peligros para la salud y la seguridad y era completamente inadecuado para el alojamiento de seres humanos. En diciembre se desmanteló por fin el campo y se trasladó a sus ocupantes a centros formales de acogida de otros lugares del país.

Discriminación

Las personas de etnia romaní seguían encontrando barreras sistémicas a la hora de acceder a la educación, la vivienda, la atención médica y el empleo. La imposibilidad de indicar un domicilio fijo siguió constituyendo para muchas de ellas un obstáculo insuperable, que les impedía acceder a derechos y servicios básicos, para muchos de los cuales se necesitaba una prueba legal de residencia.

El colectivo LGBTI sufría exclusión social y discriminación generalizadas. Aunque las organizaciones de defensa de los derechos de las personas LGBTI comunicaron que, en la Federación de Bosnia y Herzegovina, la colaboración con la policía y la magistratura había mejorado, los actos de violencia y discriminación contra personas LGBTI no se investigaban de manera exhaustiva.

A pesar de varias contramanifestaciones y amenazas de violencia, en septiembre se celebró en Sarajevo el primer acto del Orgullo LGTBI organizado en el país.

Las autoridades no aplicaron las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina que declaraban discriminatorias las disposiciones de la Constitución sobre el ejercicio compartido del poder porque impedían presentarse a cargos legislativos y ejecutivos a quienes no pertenecieran a alguno de los pueblos constituyentes (bosniaco, croata y serbio).

Libertad de reunión y de expresión

Persistió el patrón de amenazas, presiones políticas y agresiones contra periodistas. Se persiguió a periodistas por su origen étnico y por el contenido de su trabajo. Bosnia y Herzegovina ocupó el lugar 63 entre los 180 países incluidos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras.

En enero, las autoridades de la República Srpska utilizaron fuerza excesiva al disolver protestas que venían celebrándose desde hacía meses para exigir la verdad sobre la muerte no aclarada de un joven en 2018, y prohibieron además nuevas concentraciones en la capital de la entidad, Banja Luka.

Tras la presión de las asociaciones de periodistas y de la comunidad internacional, se retiraron reformas legales que tenían por objeto penalizar en la República Srpska todo intento no autorizado de filmar o fotografiar a funcionarios públicos durante protestas.

Derechos de las personas migrantes

El Ministerio de Seguridad de Bosnia y Herzegovina revocó los permisos de residencia de varios ciudadanos turcos, a los que puso así en peligro de ser devueltos a Turquía. El Ministerio tomó la decisión poco después de una visita de Estado del presidente turco, durante la cual éste pidió la deportación de determinados ciudadanos turcos residentes en Bosnia y Herzegovina por sus presuntos vínculos con el llamado Movimiento Gülen, que Turquía consideraba una organización terrorista.

Crímenes de derecho internacional

En marzo, la sala de apelaciones del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales de La Haya confirmó la sentencia original dictada en 2016 contra el ex líder serbobosnio Radovan Karadžić y lo condenó a cadena perpetua.

El Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina no adoptó la versión revisada de la Estrategia Nacional contra los Crímenes de Guerra. El enjuiciamiento de crímenes de guerra en el país sufrió aún más retrasos, con lo que, al concluir el año, quedaban más de 550 causas pendientes ante diversos tribunales. Muchas víctimas corrían el riesgo de no obtener justicia, verdad y reparación debido a las deficiencias sistémicas de la Fiscalía, tales como la constante acumulación de causas sin resolver, la ineficacia de las diligencias y la drástica reducción del número de sentencias condenatorias.

En enero entró en vigor la ley de la República Srpska sobre la protección de las víctimas de tortura durante la guerra. Al terminar el año, 86 personas habían pedido que se reconociera su condición de víctimas de violación durante la guerra y se les concediera una ayuda económica mensual. Sin embargo, durante el proceso se toparon con numerosos obstáculos, entre ellos falta de información, dificultad para obtener la documentación pertinente, procedimientos confusos y denegaciones arbitrarias.

Los tribunales penales siguieron concediendo indemnizaciones a víctimas de violación durante la guerra. Sin embargo, salvo en un caso, estas resoluciones no se pudieron hacer valer, al carecer los perpetradores de fondos suficientes. Las víctimas que presentaron reclamaciones de indemnización independientes por la vía civil tuvieron que asumir las costas, y sus recursos fueron una y otra vez desestimados debido a la aplicación generalizada de plazos de prescripción de las demandas de reparación en todos los tribunales de Bosnia y Herzegovina.

En agosto, el Comité de la ONU contra la Tortura resolvió en un caso de violación durante la guerra que los plazos de prescripción y la incapacidad de los perpetradores para pagar las indemnizaciones no debían impedir a las víctimas recibir las reparaciones que los tribunales les hubieran concedido, y ordenó a Bosnia y Herzegovina facilitar a todas las víctimas de tortura indemnizaciones adecuadas y acceso a asistencia médica y psicológica.

La falta de recursos y de capacidad y la escasa cooperación entre las autoridades siguieron obstruyendo la búsqueda de 7.200 personas que continuaban desaparecidas a causa del conflicto armado.


[1] Pushed to the edge. Violence and abuse against refugees and migrants along the Balkans Route (EUR 05/9964/2019)

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