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Bahrain

Bahréin 2019

Las autoridades intensificaron sus esfuerzos por reprimir la libertad de expresión, en particular contra los foros online, último espacio donde la población bahreiní aún podía criticar al gobierno. Continuaron los juicios colectivos injustos, tanto de personas acusadas de delitos de terrorismo como de manifestantes. Continuaron los procesos de desnaturalización (privación de la nacionalidad) de ciudadanos y ciudadanas, aunque se restituyó la nacionalidad bahreiní a cientos que anteriormente habían pasado a ser apátridas. Los derechos de la población trabajadora migrante continuaron restringidos, lo que la dejaba expuesta a explotación y abusos. Las mujeres seguían sin recibir un trato igualitario con respecto a los hombres en la ley y en la práctica. Se reanudaron las ejecuciones tras una pausa iniciada en enero de 2017. Las condiciones de reclusión seguían siendo precarias y en muchos casos constituían trato degradante e inhumano.

Información general

El nuevo Parlamento (Asamblea Nacional) cumplió su primer año tras las elecciones de noviembre de 2018 a la cámara baja, de las que todas las candidaturas de la oposición habían sido excluidas.

Bahréin continuó negando la entrada a observadores independientes de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, Human Rights Watch y organismos de derechos humanos de la ONU.

Bahréin siguió formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto armado de Yemen.

El país también continuó perteneciendo a la coalición que imponía sanciones políticas y económicas a Qatar, junto con Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

Libertad de expresión

Las autoridades intensificaron drásticamente las amenazas contra bahreiníes que criticaban el sistema de gobierno o la política estatal en las redes sociales, que, después del cierre del periódico independiente Al Wasat, eran la única vía de expresión que quedaba para la disidencia política. El 20 de mayo, el rey Hamad anunció que había ordenado a los servicios de seguridad poner fin al “uso indebido de las redes sociales”, y el primer ministro ordenó al Ministerio del Interior “actuar con dureza” contra sitios web y redes sociales que calificó de “veneno y pus infecto” difundido por “enemigos dentro y fuera” del país para “propagar la disensión”. El mismo día, el Ministerio del Interior declaró que estaba emprendiendo acciones judiciales contra personas que tenían cuentas de redes sociales en varios países europeos por “manchar la reputación de Bahréin”, y nombró como ejemplo a Sayed Yusuf al Muhafdha, bahreiní refugiado en Alemania, que había sido vicepresidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, ya prohibido.

En las semanas siguientes, el Ministerio, en particular su Dirección de Delitos Informáticos, amenazó reiteradamente con procesar a quien siguiera, difundiera o expresara su aprobación por cuentas de las redes sociales que indujeran a cometer “fitna” (“sedición” o “discordia social”). Hubo personas de nacionalidad bahreiní que empezaron a recibir mensajes de texto con advertencias parecidas. El 4 de junio, Twitter criticó el discurso de Bahréin y lo calificó de posible amenaza para la libertad de expresión y el periodismo.[1]

El 29 de octubre, Facebook y WhatsApp presentaron una demanda ante un tribunal federal estadounidense contra la empresa israelí de programas espía NSO. Alegaban que, trabajando para Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y otros Estados, NSO había intervenido 1.400 dispositivos privados de personas como “abogados, periodistas, activistas de derechos humanos, disidentes políticos [y] diplomáticos” en múltiples países, incluidos Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

El 14 de julio, la cadena de televisión estatal qatarí Al Yazira emitió una entrevista con Yaser Adhbi al Jalahima, ex miembro de las Fuerzas de Defensa de Bahréin, en la que éste acusaba al gobierno bahreiní de falsificar datos para probar que, durante el levantamiento de 2011, quienes participaban en las manifestaciones llevaban armas. Bahréin respondió anunciando que Al Jalahima había sido condenado a muerte in absentia el 30 de abril por cargos de espionaje para Qatar.

Durante todo el año, las autoridades continuaron citando, interrogando y procesando a personas por declaraciones realizadas dentro y fuera de Internet.

El 16 de enero se impuso a Ali Rashed al Asheeri, ex parlamentario de la oposición, una condena condicional de prisión por haber tuiteado que la población bahreiní no debía participar en las elecciones parlamentarias de noviembre de 2018.

El 13 de marzo se declaró a Ebrahim Sharif, dirigente del grupo político no sectario Wad, culpable de insultar mediante un tuit al presidente de Sudán, Omar al Bashir, y se le impuso una condena condicional de seis meses de cárcel.

El 15 de mayo, el abogado Abdulla Abdul Rahman Hashim fue citado para su interrogatorio y estuvo durante un breve periodo bajo custodia por unos comentarios que había hecho en Twitter y que se interpretaron como críticas hacia las autoridades.

Juicios injustos

Continuaron los juicios colectivos tanto de personas acusadas de delitos de terrorismo como de manifestantes, que se caracterizaron por una grave falta de garantías que hacía temer que no fueran justos.

El 28 de enero, un tribunal de apelación confirmó las sentencias y condenas de unas 200 personas que habían sido sometidas a juicios colectivos por cargos de terrorismo en dos causas conocidas como la causa de “la evasión de la cárcel de Yaw” y la causa de “la célula de Dhu al Fiqar”.

El 27 de febrero, tras un juicio colectivo, 167 personas fueron declaradas culpables de participar en una prolongada acampada pacífica alrededor de la vivienda del clérigo chií Isa Qasim, en Al Duraz, para protestar por su desnaturalización.[2] El 16 de abril, después de otro juicio colectivo, 138 personas fueron declaradas culpables de cargos relacionados con su presunta pertenencia a una célula del “Hezbolá bahreiní” y desnaturalizadas.[3] Todos los fallos condenatorios dictados en ambos juicios se confirmaron en apelación, aunque se redujeron muchas de las penas. Las condenas finales iban desde tres años de cárcel hasta pena de muerte.

Retirada de la nacionalidad y apatridia

Los tribunales continuaron dictando y confirmando decisiones de desnaturalización; sin embargo, las autoridades revocaron la desnaturalización de 643 personas, lo que redujo a unos 350 el número total de ciudadanos y ciudadanas convertidos en apátridas.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

La población trabajadora migrante seguía sufriendo explotación. Las reformas anunciadas en años anteriores no protegían de abusos a los trabajadores y trabajadoras migrantes con ingresos bajos. Se presentaron miles de denuncias ante los tribunales laborales por impago de salarios

El programa de visados de trabajo flexibles de Bahréin, adoptado en 2017 para ayudar a trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares a regularizar su situación, se amplió temporalmente para incluir a personas que no habían cobrado su sueldo. El programa les permitía autopatrocinarse para regularizar su estancia en Bahréin y trabajar para otras entidades empleadoras a cambio del pago de considerables tasas. Con el fin de promover la contratación de nacionales bahreiníes, las tasas, que ya eran abusivas para quienes tenían ingresos bajos, se elevaron en 2019. Aún estaba por ver si este sistema protegería mejor a la población trabajadora migrante.

No empezó a funcionar, como se había prometido, un sistema de protección salarial anunciado en 2018 debido a retrasos en su implementación. El sistema obligaba a las entidades empleadoras a pagar todos los sueldos por transferencia bancaria, lo que permitía al gobierno vigilar los casos de impago. Las grandes empresas iban a ser las primeras en adoptarlo, seguidas de las medianas y las pequeñas y, finalmente, de quienes contrataran a trabajadoras y trabajadores domésticos.

Derechos de las mujeres

Bahréin continuó negando a las mujeres igualdad jurídica, manteniendo las reservas a disposiciones básicas de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como el artículo 2, por el que los Estados se comprometen a “eliminar la discriminación contra la mujer”. El artículo 4 de la Ley de Nacionalidad bahreiní negaba la transmisión igualitaria de la nacionalidad, de manera que las mujeres bahreiníes casadas con extranjeros no podían transmitírsela sus hijos e hijas. El artículo 31 de la Ley Laboral del Sector Doméstico de 2012 autorizaba al ministro de Trabajo a “definir puestos para los que estaba prohibido emplear a mujeres”. Una de las disposiciones del reglamento de aplicación de la Ley, la Decisión 32 de 2013 del Ministerio de Trabajo, impedía a las mujeres trabajar “en puestos que las expongan a un esfuerzo físico importante o continuado”, así como ejercer determinadas profesiones. El artículo 353 del Código Penal disponía que “el que cometiere” violación o agresión sexual “no será castigado con ninguna pena”, además de ser absuelto con respecto a toda sentencia condenatoria anterior, “si contrae debidamente matrimonio con la mujer agraviada”.

Pena de muerte

Los tribunales bahreiníes continuaron imponiendo nuevas condenas a muerte y confirmando otras ya impuestas. El 27 de julio se llevaron a cabo varias ejecuciones en Bahréin, por primera vez desde enero de 2017. Las autoridades se negaron a entregar los cadáveres a las familias de los ciudadanos bahreiníes ejecutados para que pudieran organizar los funerales e impidieron a la mayoría de sus miembros asistir a su entierro.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión seguían siendo precarias, con frecuentes denuncias de hacinamiento, falta de camas y artículos de higiene suficientes, uso punitivo del régimen de aislamiento, saneamiento deficiente y casos de intoxicación alimentaria, infecciones cutáneas y desatención médica, sobre todo en la prisión de Yaw, principal centro penitenciario de Bahréin.[4] En muchos casos, las condiciones y prácticas constituían tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, si no ambas cosas.

Durante la mayor parte del año, las autoridades penitenciarias no dispensaron al recluso Ahmed Merza Ismaeel los medicamentos que necesitaba por su anemia drepanocítica (enfermedad que sin tratamiento causa dolores insoportables), lo que constituía una violación de la prohibición de tortura y otros malos tratos y de su derecho a la salud.


[1] Bahrain: General stifling of freedom of expression on social media (MDE 11/1564/2019)

[2] New mass trial of protesters in Bahrain (MDE 11/0002/2019)

[3] Bahrain: Mass trial revoking citizenship of 138 people ‘a mockery of justice’ (noticia, 16 de abril)

[4] Véase, por ejemplo, Bahréin: Denegación de atención médica a activista gravemente enfermo, “último acto de crueldad”’ (noticia, 11 de septiembre)

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