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Angola

Angola 2019

La libertad de expresión y de reunión pacífica siguieron siendo menoscabadas, a pesar de los indicios iniciales de progreso. Las disputas sobre tierras debido a la adquisición en gran escala para uso privado siguieron socavando el derecho a la alimentación y al agua en las zonas rurales del país. Se siguió incumpliendo el derecho al agua de forma tan significativa como siempre, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Las ejecuciones extrajudiciales en los campos de diamantes de Lunda Norte y Lunda Sur continuaron produciéndose con impunidad. Los derechos de las personas LGBTI siguieron amenazados en la práctica a pesar de las mejoras legislativas.

Información general

El comienzo de la presidencia de João Lourenço estuvo marcado por un palpable aire de esperanza y optimismo sobre las perspectivas de protección de los derechos humanos en el país. Bajo su administración, Angola experimentó algunos acontecimientos positivos, entre ellos varias protestas pacíficas celebradas sin represión, la absolución de dos periodistas acusados de difamar a una figura pública y la revocación por el Tribunal Supremo de una condena injusta dictada por un tribunal provincial. Sin embargo, persistieron algunos problemas. Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica siguieron amenazados. Las fuerzas de seguridad públicas y privadas participaron en ejecuciones extrajudiciales de presuntos mineros ilegales de diamantes en las provincias de Lunda Norte y Lunda Sul. Aunque los derechos de las personas LGBTI gozaban de una mayor protección en el ordenamiento jurídico, en la práctica se seguía discriminando a las personas que mantenían relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo.

El aumento del precio del petróleo en el mercado internacional no ha mitigado la actual crisis económica que sigue causando el descontento popular con el partido gobernante, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), en particular entre los jóvenes. La actual crisis económica siguió marcando la pauta del modelo de desarrollo del gobierno que hace hincapié en la adquisición de tierras a gran escala para la inversión privada, poniendo en peligro los medios de subsistencia y el derecho a la alimentación en las comunidades rurales.

Libertad de expresión y de reunión pacífica

La policía y las fuerzas de seguridad siguieron llevando a cabo arrestos y detenciones arbitrarias. Muchas personas que se manifestaban de forma pacífica sufrieron arresto, detención, tortura y otros malos tratos arbitrarios, aunque las fuerzas de seguridad también persiguieron a personas que no participaron en las manifestaciones.

Entre el 28 de enero y el 1 de marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a 62 personas, entre ellas activistas del Movimiento Independentista de Cabinda (MIC) y sus familiares y amigos[1]. Se les detuvo por su participación en una protesta pacífica celebrada el 1 de febrero en conmemoración del 134º aniversario de la firma del Tratado de Simulambuco[2]. El 27 de febrero, el Tribunal Superior de Cabinda dictaminó que 51 detenidos permaneciesen en prisión, mientras que otros 13 fueron liberados provisionalmente por considerarse ilegal la detención producida en sus domicilios sin orden judicial.

El 1 de marzo, activistas y familiares de los 51 detenidos restantes se reunieron para protestar por la continuación de su detención. La policía acudió y atacó a los manifestantes a patadas y puñetazos. La policía detuvo a 11 personas sin orden judicial poniéndolas en libertad horas después sin cargos. Siete de los detenidos fueron hospitalizados a cause de las palizas de la policía.

El 12 de septiembre, la policía reprimió con violencia una manifestación pacífica y detuvo a 23 manifestantes durante la visita del presidente Lourenço a la ciudad de Luena, en la provincia de Moxico a pesar de que la marcha prevista había sido comunicada a las autoridades de Luena por parte de los manifestantes conforme a ley. Los manifestantes pretendían trasladar al presidente un mensaje con acusaciones de corrupción, mal gobierno y desempleo juvenil en la provincia.

El 2 de julio, siete jóvenes fueron arrestados y detenidos después de protestar por la falta de agua en la ciudad de Lobito, provincia de Benguela. Posteriormente fueron condenados por desobediencia a las autoridades del orden público. El tribunal les impuso una multa de 76.000 kwanzas (unos 206 dólares estadounidenses.) a cada uno de ellos como condición para ser puestos en libertad.

Disputas territoriales y derecho a la alimentación

En las zonas rurales, la adquisición de tierras a gran escala para intereses comerciales privados continuó con total desprecio de los derechos humanos, y sin consulta, compensación ni evaluación del impacto ambiental y social conforme a las leyes nacionales. En consecuencia, y en violación de sus obligaciones nacionales, regionales e internacionales, Angola siguió sin proteger a las comunidades de las adquisiciones de tierras que las incapacitaba para producir alimentos de subsistencia. Esta tendencia creciente agravó la inseguridad alimentaria en las zonas rurales.

En el municipio de Gambos, provincia de Huila, los pastores tradicionales lucharon por sobrevivir después de que el gobierno desviara sin el debido proceso legal el 67% de sus tierras comunales de pastoreo para la ganadería comercial. Este cambio minó su resiliencia económica, social y cultural, en particular la de la seguridad alimentaria. Como la mayor parte de sus tierras de pastoreo tradicionales dejaron de ser accesibles, los pastores vieron cómo su ganado pasaba hambre, lo que a su vez afectó a la producción de productos lácteos de los que los pastores dependen para su consumo diario. Ante el hambre y la inanición, recurrieron al consumo de hojas silvestres que les causaban enfermedades y tenían un impacto particularmente negativo en la salud de los niños y las personas mayores.

Derecho al agua

La Constitución de la República de Angola y la Ley de Aguas declaran que, como recurso natural, el agua es un bien público cuyo derecho es "inalienable e imprescriptible"[3]. Sin embargo, contrariamente a esta disposición y a las obligaciones internacionales de Angola en materia de derechos humanos, el acceso al agua potable -en términos de disponibilidad, calidad y accesibilidad- sigue siendo precario, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, para un gran número de personas.

En las zonas rurales, el desarrollo de la agroindustria, la minería y los proyectos de petróleo y gas obstaculizaban directamente el acceso al agua potable[4]. Se cortó el acceso de muchas personas al agua al desviar los cursos de agua y obstruir el acceso a las masas de agua, incluidos los ríos, lagos y manantiales, mediante el cercado de las zonas,[5]. En Lunda Norte, la industria minera ha desviado el río Kwango en varias comunidades de los municipios de Kwango, Xamutemba y Kapenda Kamulemba[6]. A los agricultores comerciales se les ha permitido vallar el acceso a los ríos, lagos y fuentes en Curoca (Cunene), Savate (municipio de Kwangar en Kwando Kubango) y Luangundo (Kwando Kubango)[7]. En los lugares donde las fuentes de agua natural todavía eran accesibles, estaban expuestas a la contaminación. Por ejemplo, los derrames de petróleo en las provincias de Cabinda y Zaire contaminaron las fuentes de agua, negando a las comunidades sus derechos al agua y por tanto a sus medios de vida [8].

En las zonas urbanas, la disponibilidad, calidad y accesibilidad del agua siguió siendo precaria para grandes segmentos de la población. El agua potable, en su mayor parte, era de baja calidad o no disponible[9]. En abril, la Empresa Pública de Aguas de Angola (EPAL) declaró que sólo tenía capacidad de suministrar un promedio de 500.000 metros cúbicos de agua por día en Luanda, donde la necesidad real es de más de 1 millón de metros cúbicos por día para una población de más de 6 millones de personas. En la provincia de Luanda, la necesidad real es de 1.200 millones de metros cúbicos de agua por día, pero la capacidad de la EPAL era de sólo 516.582 metros cúbicos diarios[10]. Asimismo, el suministro de agua era discriminatorio dando prioridad a los barrios acomodados, mientras que los de la periferia recibían su agua de vendedores ambulantes a precios extraordinariamente altos[11].

Ejecuciones extrajudiciales en las Lundas

Las fuerzas de seguridad gubernamentales y privadas siguieron llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales de personas sospechadas de explotación ilegal de diamantes. Kwango, Lukapa y Lusage fueron los lugares más afectados, con más de 40 personas muertas por el ejército en julio y agosto de 2019[12]. En agosto, 36 personas fueron asesinadas en Kalonda. Aunque las autoridades indígenas pidieron al gobierno angoleño que interviniera para detener los asesinatos, a finales de año no se había tomado ninguna medida[13].

Derechos LGBTI

En enero, el parlamento angoleño aprobó un nuevo código penal que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo. A pesar de ello, las personas LGBTI siguieron siendo objeto de discriminación, intimidación y acoso tanto por parte de actores no estatales como por parte de actores estatales. Las autoridades no protegieron a las personas LGBTI contra la violencia homofóbica ni exigieron responsabilidades a los perpetradores. El sistema de justicia carece de una adecuada infraestructura y de personal debidamente capacitado y cualificado, causando grandes retrasos en los procesos[14].

No se ha producido ningún arresto por parte de las autoridades en relación con el asalto, producido en Luanda el 10 de julio de 2018, contra el Arquivo de Identidade Angolano, más conocido como No Cúbico, refugio para personas LGBTI,. Tres hombres armados con cuchillos, pistolas de fuego y una azada de mano[15] irrumpieron en el refugio donde dormían cinco mujeres en el momento del asalto. Oyeron los gritos de los hombres "¿Dónde están? ¡Vamos a mataros!". Las mujeres levantaron barricadas en la puerta para evitar que los hombres entrasen en su habitación. Después de una hora y media, los hombres decidieron irse, temiendo que llegase la policía. En lugar de investigar el caso para identificar a los agresores, los policías interrogaron a las mujeres utilizando términos despectivos para describir el refugio, llamándolo "casa de prostitución" por vivir allí mujeres solteras.


[1] Amnistía InternacionalAngola: En detención arbitraria 62 activistas por manifestarse, 12 febrero 2019.

[2]Tratado de Simulambuco, firmado por la Corona portuguesa y las autoridades indígenas de Cabinda, por el que se establece Cabinda como Protectorado de la Corona portuguesa.

[3]Lei de Aguas, nº 6/02, de 21 de Junho, artículo 5.2: “O direito do Estado relativo às águas, enquanto recurso natural, é inalienável e imprescritível” Constitución de la República de Angola, artículo 95.

[4] Amnesty International, Angola: Land, Basic Rights and Freedoms, 1 marzo 2019

[5]Ibid.

[6]Ibid.

[7]Ibid.

[8]Ibid.

[9]Fernando Paulo Faria, La política de aguas en Angola: Algunas notas sobre el suministro de agua en Luanda y Benguela, Mulemba: Revista Angolana de Ciencias Sociais 6 (11) (2016), p. 57-83

[10] Folha 8, A falta de agua mostra o mau estado deste estado, 2 abril 2019.

[11] Angop, Angola: Expert warns of drinking water quality, 20 septiembre 2016. En marzo de 2019, Amnistía Internacional también entrevistó en Luanda a representantes de la sociedad civil de todo el país. El problema del suministro de agua en Angola se conoce y reconoce ampliamente.

[12] VOA, Autoridades tradicionais denunciam mortes nas Lundas, 26 agosto.

[13] VOA, Autoridades tradicionais denunciam mortes nas Lundas, 26 agosto.

[14] Wilson A. Adão, A crise no sistema judicial em Angola, Club-K, 4 octubre 2019.

[15] Arquivo de Identidade Angolano, Um relato sobre Lesbofobia em Luanda, 15 agosto 2018.

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