Actuem pels drets humans a tot el món

Buscar

Afganistan

Afganistán 2019

La población civil fue víctima de crímenes de derecho internacional, violaciones de derechos humanos y abusos a causa del persistente conflicto. La violencia relacionada con el conflicto causó miles de muertes y lesiones, así como el desplazamiento de cientos de miles de personas. La Corte Penal Internacional (CPI) decidió no investigar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra cometidos, decisión que se encontraba recurrida en el momento de redactar estas líneas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían intimidaciones, amenazas, detenciones y homicidios. Los países europeos, y también otros países vecinos, siguieron devolviendo a personas afganas solicitantes de asilo y refugiadas. Persistía la violencia de género contra las mujeres y las niñas a causa de la debilidad del Estado de derecho y de la existencia de prácticas tradicionales y culturales nocivas. Cada vez resultaba más difícil ejercer el periodismo, y sus profesionales sufrían represalias a manos de grupos armados, de funcionarios del Estado y de las fuerzas de seguridad. Al menos cinco periodistas fueron asesinados por los talibanes y por otros grupos armados.

Conflicto armado

Según datos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), durante los nueve primeros meses de 2019 perdieron la vida 2.563 civiles, y sufrieron heridas 5.676. El mes de julio fue el más mortífero de los últimos 10 años de conflicto. En 2019, la mayor parte de las víctimas civiles fueron causadas por ataques con dispositivos explosivos improvisados utilizados por “elementos antigubernamentales”. Aumentó el número de víctimas causadas por operaciones aéreas y de búsqueda realizadas por fuerzas “progubernamentales”.

Crímenes de derecho internacional y abusos cometidos por grupos armados

Los talibanes mataron e hirieron ilegítimamente a civiles en ataques indiscriminados. El grupo Estado Islámico de Irak y el Levante — Jorasán (EIIL-J) lanzó ataques deliberados contra civiles chiíes y del grupo étnico hazara, seguidor, en su mayoría, del credo chií del islam. En agosto, un atentado suicida con explosivos perpetrado por el EIIL-J en una boda en Kabul mató al menos a 63 civiles e hirió a más de 200. En otro atentado con explosivos, reivindicado por los talibanes, que tuvo lugar a las puertas de una comisaría de policía en un barrio predominantemente chií, murieron 14 personas, en su mayoría civiles, y otras 145 resultaron heridas.

Crímenes de derecho internacional y abusos cometidos por las fuerzas progubernamentales

Según datos de la UNAMA, durante los primeros nueve meses del año perdieron la vida a manos de las fuerzas progubernamentales 1.149 civiles y sufrieron heridas 1.199. Seguían sin investigarse las denuncias de homicidios ilegítimos intencionales, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, a manos de fuerzas especiales a las órdenes de la Dirección Nacional de Seguridad y de la milicia afgana entrenada por la CIA. La principal causa de muerte entre la población civil fueron los ataques aéreos.

Justicia internacional

En abril, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidió no autorizar una investigación sobre los crímenes de derecho internacional cometidos durante los últimos 18 años. La decisión se tomó días después de haber revocado Estados Unidos, en abril de 2019, el visado de la fiscal jefe, que debía viajar a Estados Unidos para investigar los crímenes cometidos en Afganistán, en algunos de los cuales al parecer habían participado fuerzas estadounidenses. Los magistrados y magistradas de la CPI afirmaron que en su decisión habían influido la perspectiva de unas investigaciones complicadas, la falta de cooperación estatal plena y las limitaciones presupuestarias. El 17 de septiembre, la Sala de Cuestiones Preliminares II aprobó la solicitud de la Fiscalía de recurrir la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron ataques de agentes tanto estatales como no estatales, y fueron víctimas de intimidación, hostigamiento, detención e incluso homicidio. No se tomaron medidas adecuadas para proteger a quienes defendían los derechos humanos, y rara vez se investigaron los abusos de los que fueron víctimas.[1]

En septiembre, los talibanes secuestraron y mataron con arma de fuego a Abdul Samad Amiri, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Al concluir el año, nadie había rendido cuentas por este homicidio, constitutivo de crimen de guerra.[2] En noviembre, la Dirección Nacional de Seguridad detuvo de forma arbitraria a dos destacados defensores de los derechos humanos por haber sacado a la luz una red de pedofilia en la provincia de Logar y haber desvelado más de 100 vídeos de los presuntos abusos.[3] Las defensoras de los derechos humanos seguían corriendo especial peligro de sufrir amenazas e intimidaciones por parte de agentes estatales y no estatales en todo Afganistán.

En julio, el gobierno renovó el mandato de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y designó nueve comisarios y comisarias nuevos, incluida una nueva presidenta.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en 2019 los países vecinos de Afganistán devolvieron a medio millón de afganos y afganas al país, de los que más de 476.000 procedían de Irán. Europa devolvió también a Afganistán a miles de solicitantes de asilo en virtud del acuerdo entre la Unión Europea y Afganistán denominado “Acción conjunta para el futuro” (Joint Way Forward Agreement) o en aplicación de acuerdos bilaterales con el gobierno afgano. De igual forma, para el mes de septiembre el gobierno turco —que, según noticias, mantenía recluidas a las personas solicitantes de asilo afganas en precarias condiciones en centros de detención de Turquía— había devuelto ya a Afganistán a 19.000 personas.

A su vuelta, muchas personas afganas se veían expuestas de nuevo a las amenazas y actos de violencia de los grupos armados y las milicias locales de los que habían tratado de escapar.

En mayo, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores amenazó con devolver a todas las personas refugiadas afganas que se encontraban en el país si Estados Unidos seguía imponiendo sanciones económicas a Irán.

Violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres y las niñas afganas siguieron sufriendo violencia de género en todo el país, sobre todo en las zonas bajo control talibán. Se creía que el número de hechos de esta naturaleza denunciados era considerablemente inferior al real y, cuando se denunciaban, quedaban a menudo sin investigar, se presionaba a las víctimas para que retiraran la denuncia o se recurría a la mediación para resolver el caso al margen del marco legal y sin salvaguardias de derechos humanos. Los autores de las agresiones –palizas, homicidios, torturas u otros malos tratos y castigos físicos por haber mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales— seguían gozando de impunidad.

En zonas controladas por los talibanes se sometía aún a las mujeres y las niñas a castigos medievales, como la muerte por lapidación o por arma de fuego. Por otra parte, el gobierno continuaba sin crear tribunales y fiscalías especializados en violencia contra las mujeres en las 34 provincias.

Aunque las mujeres representaban el 27% de la cámara baja del Parlamento y formaban también parte del Consejo de Ministros y de los consejos provinciales, continuaban, en general, excluidas del panorama político en los niveles de gobierno inferiores. No había ninguna candidatura femenina entre las 18 que se presentaron para las elecciones presidenciales de septiembre.

Libertad de expresión y asociación

Se restringieron severamente los derechos a la libertad de expresión y asociación. Cada vez era más difícil ejercer el periodismo en libertad y sin represalias. Decenas de periodistas sufrieron ataques perpetrados tanto por las fuerzas de seguridad como por grupos armados. A lo largo del año, 10 periodistas murieron por disparos de individuos no identificados, y algunos fueron secuestrados por grupos armados. En enero, los talibanes atacaron y mataron al periodista Javid Noori, y en febrero unos hombres armados no identificados abatieron a tiros a dos periodistas más en una emisora de radio en la provincia de Tajar. Además, hubo periodistas que sufrieron palizas, amenazas, intimidación y hostigamiento a manos de funcionarios del Estado, miembros de las fuerzas de seguridad e integrantes de grupos armados. Las autoridades no solían investigar las amenazas y los ataques contra periodistas. En abril, dos personas fueron condenadas a muerte por el homicidio, en 2018, del periodista Abdul Manan Arghand, de Kabul News.

En junio, los talibanes declararon que los profesionales del periodismo y de los medios de comunicación constituían un objetivo militar legítimo cuando desobedecían sus órdenes de no difundir declaraciones en su contra. En agosto, los talibanes publicaron una declaración en la página web “La Voz de la Yihad” advirtiendo a la población de que se mantuviera alejada de los mítines de la campaña electoral durante las elecciones presidenciales y amenazando a quien desobedeciera.[4]

Derechos de la infancia

Pese a que en 2018 había entrado en vigor el Código Penal reformado, que prohíbe y penaliza el reclutamiento de niños y niñas por las fuerzas armadas, a la vez que penaliza el “bacha bazi” — perniciosa práctica que implica someter a niños varones a abusos sexuales—, había pruebas de que las fuerzas de seguridad seguían reclutando niños y niñas soldados y de que el gobierno no protegía a las víctimas del “bacha bazi”. No se tomaron medidas para erradicar el matrimonio precoz. La pobreza, la falta de familia o la necesidad de trabajar para sustentar a toda una familia obligaban a niños y niñas de Kabul y de otras ciudades a trabajar en la calle. El gobierno no les proporcionaba protección ni ayuda adecuadas.

Provisión de servicios, pobreza y justicia tradicional

Se calculaba que el 55% de la población vivía bajo el umbral de pobreza, y el acceso a servicios de salud básicos y necesarios, educación y agua potable era limitado. Pese al acceso limitado de la población a servicios de salud básicos y necesarios, en abril los talibanes no dudaron en anunciar su “veto” a las actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las zonas por ellos controladas. Sin embargo, ese veto fue revocado en septiembre. Continuaron aplicándose en el país formas de justicia tradicionales e informales, contrarias al principio del Estado de derecho, a las normas de derechos humanos y a la legislación afgana.


[1] Afghanistan - Defenseless Defenders: Afghanistan’s Human Rights Community Under Attack (ASA 11/0844/2019)

[2] Afganistán: El homicidio de un defensor de los derechos humanos, un crimen de guerra (noticia, 5 de septiembre)

[3] Afganistán: Los servicios de inteligencia deben poner en libertad a los defensores de los derechos humanos que sacaron a la luz la red de pedofilia

[4] Afganistán: Los talibanes amenazan los mítines políticos (noticia, 6 de agosto)

Afganistan

A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.